Por Juan José Herrera |13 de julio de 2021, 17:43 PM

Este martes fue votado en segundo y definitivo debate el expediente 22.215, que busca atraer a los llamados “nómadas digitales” mediante una serie de beneficios fiscales y migratorios.

La iniciativa, impulsada por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, busca que los trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional vean en Costa Rica un destino atractivo para trabajar fuera de sus países.

Para esto se creará una categoría de trabajador que entre otras elimina la necesidad de que el extranjero deba salir del país cada tres meses como sucede actualmente, y en su lugar otorga visas de hasta un año con posibilidad de extenderlas por un año más.

Además, estos trabajadores gozarán de exenciones fiscales como el pago de renta sobre sus ganancias o la facilidad de traer su equipo de trabajo al país.

Para recibir estos beneficios, el ingreso de estos nómadas digitales no podrá ser inferior a los $3.000 mensuales si viaja solo o $5.000 en caso de que viaje con su familia.

“Nuestro objetivo es que por muchos meses alquilen su hospedaje en hoteles, villas o apartamentos, visiten nuestros parques nacionales, consuman en restaurantes, realicen compras en supermercados y diversos comercios, recorran el país y gasten sus recursos en diversos servicios comerciales y profesionales en nuestras comunidades”, dijo Benavides.

El legislador explicó que la iniciativa no traería competencia a los trabajadores costarricenses, pues estos nómadas ingresan al país con contratos ya establecidos con empresas extranjeras.

Benavides estima que con cada 10 mil familias de nómadas digitales Costa Rica podría inyectar $600 millones al año.

Los beneficios fiscales aprobados en esta ley están condicionado al plazo del beneficio migratorio que se le conceda al trabajo, por lo que estos se eliminarán de manera inmediata si Migración decretara la cancelación de la condición de beneficiario.

Estos trabajadores, además, deberán cancelar impuestos en el caso de traspasar bienes que gozaron de exenciones, lo mismo que si realizarán labores distintas a los que la ley define.

Esos beneficios tributarios únicamente serán para el trabajador o prestador de servicios, no así para sus familiares.

El proyecto fue aprobado por una amplia mayoría y rebatido por José María Villalta y otros cuatro diputados del PAC.

En su mayoría, estos cuestionaban beneficios innecesarios para trabajadores que gozan de una buena capacidad económica y una afectación directa en la competencia del sector nacional contra el extranjero, en el entendido de que este primero no goza de ningún trato preferencial.

Además, aseguraron que estos beneficios ya se habían aplicado en el pasado sin que en realidad afectara significativamente la atracción de inversión extranjera.

Por el contrario, los legisladores a favor aseguraron que esta es una forma de dinamizar la golpeada economía nacional, especialmente en las zonas costeras, históricamente las más deprimidas del país.