“No podemos permitir que se viole el secreto bancario de manera vulgar y abrupta”, dice diputado
El Congreso dio vía rápida a un proyecto que llamaría a cuentas a los jerarcas del Central y Hacienda por sus decisiones en política monetaria.
El Plenario aprobó, este martes, una dispensa de trámite al expediente 23.365, que obligaría al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el presidente del Banco Central, Roger Madrigal, a comparecer ante los diputados.
La intención original del proyecto era que los jerarcas explicaran a los legisladores la política monetaria que impulsan y defienden; sin embargo, cobró especial relevancia a raíz de las críticas que ha generado la solicitud de información individualizada que el Central realiza a los bancos.
“No podemos permitir que se viole el secreto bancario de una manera vulgar y abrupta, por eso es necesario darle trámite a este proyecto de ley, de manera pronta, para exigir explicaciones y parar este abuso contra la privacidad de todas las personas de este país”, dijo el liberal Gilberto Campos, proponente del proyecto.
Campos criticó “la violación sistemática del Banco Central” en contra de lo que dijo son datos privados de las personas.
“No puede ser posible que un país como Costa Rica, en una de las democracias más longevas del mundo, estemos ante una violación tan gravosa de la información y vida privada de las personas. No necesita el Banco Central el número de cédula y nombre de los costarricenses para hacer análisis estadísticos”, añadió.
Hasta ahora, el Central ha defendido que esos datos individualizados son necesarios para crear estadística y generar política pública, en contra de la visión de empresarios, bancos y otras organizaciones como la Prodhab.
“Tampoco es de recibo que el Banco Central le pida a la Caja, y se lo dé, información salarial de todos los costarricenses, tampoco es de recibo que el Central le pida información a Hacienda, y se la dé, información de las facturas de todos los costarricenses, incluyendo de farmacias, supermercados y todos los movimientos económicos de una persona. Eso es un sistema invasivo, violador de la información personal y privada de las personas”, finalizó el diputado.