“No hubo delito ni daño a nadie”, dicen abogados del Presidente sobre caso UPAD

Los abogados del presidente Carlos Alvarado, Rodolfo Brenes y Róger Guevara, aseguran que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) “se precipita y actúa sin pruebas” al querellar al mandatario y demandarlo por ₡20 millones como parte de una acción civil resarcitoria para el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

“Reiteramos que en el caso UPAD no se ha cometido delito alguno y así se demostrará en el momento oportuno. Tampoco existe ningún daño social que se haya causado y que justifique la querella y el absurdo monto de la acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría, que actuó con precipitación y sin ningún sustento probatorio”, señalaron los defensores.

“Recordemos que el Ministerio Público presentó una acusación precipitada, sin haber terminado la investigación ni revisado los celulares y computadoras que decomisó, en el caso UPAD. Ahora se une la PGR, presentando una acción civil resarcitoria, actuando sin independencia de criterio y siguiendo automáticamente al Ministerio Público en su acción precipitada y falta de prueba”, añadieron.

En los últimos días, la PEP anunció que se constituyó como querellante en la causa que persigue el Ministerio Público contra Alvarado y el diputado del PAC, Víctor Morales Mora, que en ese momento fungía como ministro de la Presidencia.

La entidad aseguró que por los daños sociales causados se está solicitando ese monto a ambos.

“Confiamos en los Tribunales de Justicia y sabemos que la verdad se establecerá eventualmente en el proceso. Eso sí, lamentamos la pérdida de tiempo y de recursos en acciones sin fundamento legal ni probatorio, que solamente causan gasto de valioso tiempo y de recursos que pagan todos los costarricenses”, finalizaron los defensores.