Por Luis Jiménez |30 de mayo de 2024, 11:42 AM

Este jueves, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, junto al viceministro Erick Lacayo y el director de Fuerza Pública, Marlon Cubillo, para hablar más a fondo sobre el expediente N.º 24047, proyecto de ley contra el sicariato.

Durante su comparecencia, el jerarca pidió sanciones para los exagentes judiciales que le están dando asesoría técnica a los grupos criminales, con tácticas aprehendidas y exclusivas de los cuerpos policiales del país, las cuales se podrían definir como “escuelas de sicariato”.

“El sicariato no es un homicidio ni simple ni calificado, es un acto de terrorismo y, a través de él, se está ejerciendo gobernanza criminal. Tenemos que tratar de evitar que este fenómeno se haga extensivo. Hoy, el sicariato también lo vemos en los préstamos gota a gota. Hay grupos de sicarios dedicados a solo ejercer el sicariato a quien lo pague y esto es una amenaza para nuestro sistema.

“Apoyamos este proyecto de ley para que no solo se sancione la autoría inmediata, sino también al autor inmediato y también se debe de incorporar a quienes están dando asesoría técnica a estos grupos, porque hace unos días vimos en un video a exfuncionarios de unidades especiales del Poder Judicial enseñando técnicas que son propias y exclusivas de nuestros entes policiales, de uso de fuerza más letal, enseñando a los sicarios cómo se opera y cómo se usa la letalidad al máximo; ese tipo de personas que recibieron esos conocimientos siendo funcionarios públicos y que hoy transmiten eso al autor material que va a ejercer homicidio a través del sicariato, deben de ser sancionados”, dijo Zamora.

El ministro repudió frente a diputados “a quienes en algún momento utilizaron uniforme y luego se han ido a vender al narcotráfico”.

El proyecto de ley contra el sicariato en Costa Rica, en su artículo 112 Bis, indica lo siguiente:

“Quien mate a otra persona, por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio económico, para sí o un tercero, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años. La misma pena se impondrá a quien reclute, prepare, adoctrine, forme, instruya, promueva o capacite a personas para el sicariato; la pena será de veinticinco a treinta y cinco años, quien contrate a personas menores para fines de sicariato. La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

Para Zamora esto es un fenómeno que aún se puede enfrentar con capacidades legales; sin embargo, considera que se debe de sancionar con la mayor pena, de 50 años de cárcel.

“A través de esta legislación, se va a poder tocar una capacitación que hoy en día no se penaliza, pero con este proyecto vamos también a empezar a sancionar a quienes transmiten conocimiento a las bandas criminales para que perfeccionen su quehacer homicida”, agregó Zamora.

El sicariato se ha convertido en un fenómeno lucrativo con doble propósito: por un lado, es un negocio para los que reclutan y manejan la organización y, por otro, es una especie de oficio para los que llevan a cabo estos actos delictivos.

Por lo general, los sicarios son personas jóvenes o menores de edad, y la mayoría de veces provienen de barrios marginales y de familias desintegradas de escasos recursos.

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