Por Luis Jiménez |24 de noviembre de 2022, 15:26 PM

Este jueves en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, los jerarcas del Ministerio de Trabajo afirmaron que la necesidad laboral ha provocado que muchos trabajadores no denuncien agresiones.

Luis Paulino Mora, ministro de Trabajo, Walter Villalobos, viceministro de Trabajo y Víctor Aguilar, director Nacional de Inspección de Trabajo, se presentaron en Cuesta de Moras para una audiencia realizada en torno a las agresiones que sufrieron varias empleadas de la cadena de tiendas SYR en el país.

“El hilo de la necesidad laboral provoca, en este momento, que personas vulnerables prefieran no denunciar y es aquí donde tenemos que unirnos todos para ayudar a la sociedad costarricense y buscar el mejor de los mecanismos porque lo que pasó en esas tiendas (SYR) es lamentable. Nadie debe de sufrir ni debemos permitir que eso siga sucediendo”, dijo el viceministro Villalobos.

Además, señaló que no existe ninguna opción legal por parte del Ministerio de Trabajo para cerrar de forma permanente estos comercios y que la única posibilidad para imponer un cierre es por la ausencia de una póliza de riesgos.  

Durante la inspección en las tiendas SYR, las autoridades detectaron una gran cantidad de infracciones contra los trabajadores, tales como la ausencia del pago de salarios mínimos, la no entrega de comprobantes de pago, el impago de horas extras y el no otorgamiento de momentos de descanso.

“En todas las tiendas se ha procedido al levantamiento de los informes respectivos. Lo que queda ahora es revisar si ya cumplieron con todo porque de no ser así, se pasa a sede judicial. 

Esto duele, golpea y uno podría decir que no es Costa Rica, pero sí lo es porque pasó y el abuso laboral no es solo a los costarricenses, también a los no nacionales”, aseveró el ministro Mora.

Los jerarcas revelaron también que actualmente solo hay 88 inspectores disponibles para investigar los miles de comercios que hay en el país y que, sin embargo, en el pasado ha habido hasta 120 inspectores, pero las plazas para poder llegar de nuevo a ese número están congeladas.

Durante la comparecencia, el ministro también afirmó que su cartera no cuenta con los recursos económicos para atender las denuncias laborales que se reciben en las 29 oficinas de inspección de Trabajo.

“Se necesitan recursos económicos que podrían salir de las multas aplicadas a las empresas que incumplen con los requisitos y cuyo monto suma alrededor de 170 millones de colones al año. Esos fondos van a la caja única del Estado y podrían ser de mucha ayuda para el ministerio”, agregó Mora.

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