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La Dirección General de Migración y Extranjería respaldó este jueves el proyecto de ley para impedir que personas extranjeras con antecedentes penales obtengan o soliciten la naturalización costarricense.

La iniciativa, impulsada por el verdiblanco Gustavo Viales, había sido dictaminada desde noviembre anterior; sin embargo, no llegó a ser convocada por el Ejecutivo durante el periodo de sesiones extraordinarias.

Las autoridades avalaron el objetivo del expediente pero sí precisaron la necesidad de establecer excepciones en casos especiales, por ejemplo cuando se trata de refugiados que cargan antecedentes penales por su condición de desertor, tal y como ocurre en Cuba.

“Muchas veces refugiados apátridas y asilados que muchas veces en sus hojas de delincuencia tienen antecedentes precisamente por la persecución que viven en sus países de origen y que no vienen a ser delitos dentro de nuestra legislación.

“Si dejamos la norma a no tener antecedentes penales podríamos limitar el derecho humano de estas personas”, precisó la asesora legal de Migración, Andrea Murillo.

El texto en discusión precisa que la persona que haya sido condenada por delito doloso en los últimos diez años, en Costa Rica o en el extranjero, no podrá ser sujeto de naturalización, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal en nuestro ordenamiento jurídico.

De igual forma, a la persona que gestione esa naturalización y tenga procesos judiciales pendientes dentro y fuera de Costa Rica, se le suspenderá el trámite de naturalización hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva ordenada por los tribunales de justicia respectivos.

El proyecto tramitará un segundo día de mociones de fondo antes de volver al Plenario para su discusión y votación final.