Mideplan inicia proceso de “escucha” sobre Ley de Empleo Público

El Ministerio de Planificación inició este lunes un proceso "de escucha técnica" sobre la Ley Marco de Empleo Público, que entrará a regir en el país en marzo de 2023.

La intención de las autoridades es conocer las inquietudes que los diferentes sectores puedan tener sobre la cuestionada ley, aprobada el año anterior luego de meses de intenso debate, para así intentar incluir estas en la reglamentación que, por ley, les corresponde.

“Este encuentro reviste de especial importancia para Mideplan como rector del
empleo público. Esta Mesa técnica es un ejercicio democrático, donde estamos
abriendo espacio para escuchar y atender consultas o comentarios de las
organizaciones que representan a los trabajadores del sector público", aseguró la ministra de Planificación, Laura Fernández.

En la cita de esta mañana, celebrada en el auditorio del Colegio de Abogados, estuvieron presentes sindicatos y dos abogados constitucionalistas, quienes tuvieron espacio de referirse a su percepción de la norma.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, expuso en su intervención la necesidad “urgente” de desechar una ley que, según él, expone al país a denuncias y demandas por infringir las normas constitucionales.

Vargas calificó la ley de “perversa” e insistió en que el único camino para la reforma es volverla a negociar “desde cero”, una tesis que, defendió, sostienen la mayoría de sindicatos.

Sobre esa posibilidad, Fernández argumentó que esa discusión es potestad de la Asamblea Legislativa y que Mideplan, como ente rector, se limitará a la formulación del reglamento y a intentar que la Ley sea lo más provechosa posible para los costarricenses.

"Mi rol es defender los intereses de los costarricenses, no es defender ni a uno ni a otro, sino buscar equilibrios y aplicar cabalmente la norma", dijo.

Dudas

Fernández aseguró que tras la cita de hoy se llevan "una serie de dudas" que plantearon los sindicatos a la reforma, por ejemplo, sobre los cambios propuestos para los procesos de despido en el sector público y la forma en que se negociarán las negociaciones colectivas, ambos puntos que llega a cambiar la ley.

En ese sentido, la ministra sostuvo que su deber es escuchar a las partes involucradas con el ánimo de "precisar" todas sus inquietudes en el reglamento.

"No me interesa que en marzo del próximo año a esta ley le lluevan acciones de inconstitucionalidad", dijo la jerarca, no sin antes reconocer que no estaría en contra de impulsar una "reforma o normativa conexa" para la ley si esto se considerara necesario.

"Hay que entender que estamos rompiendo un paradigma sobre cómo se gestiona el empleo público", finalizó.

La Ley de Empleo Público otorga a Mideplan la rectoría del empleo en ese sector, dándole así potestades sobre la evaluación de los trabajadores y sus sanciones. 

Además, define una serie de familias salariales para los diferentes puestos, de manera que se implemente un salario único en todo el sector público cobijado por la norma para que, sin importar la institución, se pague el mismo monto por el mismo trabajo.

Para lograr esto, los actuales trabajadores que estén por encima de ese salario global no recibirán nuevas remuneraciones hasta tanto no sean alcanzados por los que están más abajo.

Según los sindicatos, ese proceso podría dejar a un trabajador actual hasta por 10 años sin ajustes salariales.