Última Hora

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, defendió este martes la legalidad del proyecto de marco de empleo público, una de las grandes apuestas del Gobierno para la contención del gasto y la reforma del aparato estatal.

La jerarca aseguró a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración que ni el proyecto ni la rectoría que este le da a Mideplan sobre el empleo público son inconstitucionales, pese al gran número de expertos e instituciones que así lo han señalado en ese órgano.

“Esta es una discusión que ya se dio y está superada, hay que dejarla atrás. Este proyecto no viola las autonomías institucionales, las autonomías existen en razón de las funciones que le son encomendadas a una institución, no de la institución en sí misma”, dijo Garrido en medio de una larga exposición donde debatió, uno a uno, los argumentos que entidades como el Poder Judicial, las municipales o el propio Registro Civil han presentado contra el expediente.

La comparecencia de Garrido era una de las más esperadas en el seno de la comisión, luego de numerosas audiencias que atacaron la propuesta que ella misma presentó para conseguir la anhelada reforma al sistema de contratación estatal, la cual propone además un salario único o global que permita que los funcionarios ganen lo mismo en puestos similares sin importar la institución donde trabajen.

Además, establece un proceso de contratación ampliado y bajo la supervisión de Mideplan y ya no del Servicio Civil, algo que este último criticó.

“No es inconstitucional variar las funciones del Servicio Civil. Las potestades del Servicio Civil pueden ser ampliadas, disminuidas o eliminadas por ley porque no tienen rango constitucional, sino que son un acuerdo presidencial”, añadió.

Garrido aseguró estar dispuesta a escuchar las solicitudes de los legisladores para poder conseguir que el proceso se dictamine, pero dejó ver que temas como las familias salariales que el proyecto establece o la mencionada rectoría de Mideplan en la materia no son negociables.

“No puede postergar más la reforma del empleo público, la hemos procrastinado demasiado tiempo", aseguró.

La ministra explicó a los diputados que la propuesta permitiría un ahorro, desde su primer año, de alrededor de 0.7% del PIB (unos ₡243.000 millones), además de ajustar al país al manual de buenas prácticas de la OCDE, que ya advirtió sobre el gran porcentaje de recursos que destina todos los años al pago de remuneraciones.

“El salario global es el instrumento para lograrlo y, al mismo tiempo, permitirá eliminar paulatinamente las inequidades salariales existentes hoy en día y cumplir con el mandato constitucional que establece la existencia de un solo régimen de empleo público”, dijo Garrido.

La jerarca añadió que es mentira que el proyecto elimine las negociaciones colectivas o que el Mideplan asuma funciones sancionatorias. Asimismo, insistió en que la propuesta actual solo aplicaría para los empleados nuevos, no los existentes.

Jonathan Prendas cuestionó la posición de Garrido y cómo esta dista tanto de la que han expresado la mayoría de los comparecientes; sin embargo, otros diputados externaron el entendido de que estos también puedan estar defendiendo sus propios intereses y beneficios actuales.

La discusión continuará en el seno de la comisión, que reconoció hoy que, en el escenario actual, será complicado dictaminar el expediente.