¿Más o menos garantías? Esta es la visión de la Sala III para nuevo Código Procesal Penal

La Sala de Casación Penal (Sala III) presentará el próximo lunes 6 de julio a la Corte Plena los principales problemas y eventuales soluciones del actual Código Procesal Penal.

Se trata de un análisis preliminar que llevan adelante los magistrados Gerardo Rubén Alfaro y Patricia Vargas y que será la base para la discusión de lo que promete ser un nuevo código de normas que actualice el proceso penal en Costa Rica ante la criminalidad moderna.

Sin embargo, ese análisis también estará marcado por el discurso que emana desde el Gobierno de Laura Fernández ahora, y antes de Rodrigo Chaves, que pide menos garantías para los imputados y más para las víctimas.

Pero, ¿es compartida esa visión en la Sala Penal?

“Nosotros, en esta propuesta de código, no vamos a buscar más garantías o menos garantías. Lo que queremos es un código que responda a las necesidades de una comunidad nacional que no tenía esta realidad hace 10 años, que hoy necesitamos un procedimiento ágil, un procedimiento efectivo, pero un procedimiento que le garantice a las personas un juicio justo, porque hoy yo puedo ser víctima y mañana yo puedo ser ofensor.

“Entonces no se trata aquí de que las personas ofensoras no tengan derechos, no se trata de que pongamos preponderancia en la persona imputada. Los derechos conforme la Constitución los establece, conforme los instrumentos internacionales los establecen. ¿Cómo vamos a retroceder en derechos? Si Costa Rica ha sido un faro en el mundo en defensa de los derechos humanos. Aquí no estamos hablando, estamos hablando de los derechos desde la persona que ocupa el más alto cargo en la República hasta la persona más sencilla y humilde de este país”, dijo tajante Alfaro.

El magistrado reconoció que el discurso del Ejecutivo permeará en esa discusión, pero defendió que eso es lo correcto si lo que se busca es precisamente que el nuevo código responda a todas las visiones.

Incluso, aseguró que no duda en que la visión de lo que la teoría llama “el derecho penal del enemigo” también llegue a ese proceso de reforma.

“Esa teoría dice que hay alguna gente que, como ha entrado en conflicto con los derechos de los demás, no merece ser ciudadano, y entonces a ese no le tenemos que tratar como un ciudadano, porque solamente la gente que se ajusta a la ley y al buen derecho debe ser tratada como ciudadano.

“Esa es una tesis. Yo no la comparto, pero tendríamos que entonces buscar en qué sistemas ha funcionado un derecho penal del enemigo o para qué sirve un derecho penal del enemigo”, reconoció.

El modelo ideológico y práctico de esa profunda reforma se conocerá el próximo 6 de julio y ahí mismo iniciará un proceso de diálogo y construcción con todos los sectores del país, incluida la academia, el Ministerio Público, sectores productivos, Colegio de Abogados y el propio Poder Ejecutivo.

Alfaro dijo que la meta es que, luego de que esa segunda fase acabe, la Corte defina un modelo que permita tener redactada una propuesta final en un plazo de entre tres y seis meses, de manera que se pueda tener un producto listo para 2027.