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Los jerarcas de seguridad y el Organismo de Investigación Judicial achacaron a la falta de recursos y en algunos casos de voluntad la ausencia de herramientas más efectivas en el combate del narcotráfico y el crimen organizado.

Lo hicieron ante los diputados de la comisión que investiga la posible penetración de estos grupos organizados en municipalidades, partidos políticos y otras esferas públicas.

Tanto el ministro Michael Soto, como el director del OIJ, Wálter Espinoza, explicaron que los recursos para las fuerzas policiales son muy limitadas en el país, dejando así en desventaja a las autoridades en el control de esos grupos criminales.

Puntualmente, Soto insistió en el fallido proyecto de extinción de dominio, mientras que Espinoza abogó por el proyecto de ejecución de la pena y ampliarles los plazos a las intervenciones telefónicas, así como permitirle a la policía acceder directamente al contenido de esas intervenciones por un tema de inmediatez.

“Independientemente de que resulte de interés o no, la única institución que investiga actividades delictivas estructuras en el país y la única que tiene incidencia, eficacia e impacto es el OIJ. Si no hay apoyo legislativo ni normativo, las posibilidades se desvanecen”, dijo Espinoza.

Los dos dieron por terminadas las comparecencias en ese órgano legislativo que pretendió, sin éxito, determinar si hubo o no penetración del narcotráfico en los partidos políticos.

La semana anterior, los diputados decidieron por mayoría que, ante la falta de resultados, lo mejor era dar por terminada la comisión y rendir un informe final al Plenario.