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La investigación legislativa por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) entrará este miércoles a su recta final con la comparecencia del presidente Carlos Alvarado, la última de una larga lista de audiencias para tratar de esclarecer los alcances de ese decreto y señalar a sus responsables.

El órgano, creado a finales de febrero de 2020, ha tenido un largo andar antes de llegar a la cita de hoy: por sus salones pasaron representantes de todos los poderes de la República, incluidos ministros y exministros, expertos en informática y derecho y por supuesto los miembros de la fallida unidad, que defendía la creación de políticas públicas a partir del análisis de datos.

La comisión, integrada por siete diputados y comandada por la verdiblanca Silvia Hernández, incidió directamente en la renuncia del entonces ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora y el viceministro de Planificación Daniel Soto, ambos amenazados por una moción de censura desde el pleno legislativo.

Entre sus principales hallazgos está el asegurar, mediante diferentes comparecientes, que habría sido el propio Carlos Alvarado el responsable de ordenar la creación de la UPAD, y que esta sí accedió a datos sensibles de los costarricenses sin anonimizarlos, es decir, con nombres y apellidos.

Además, que el proceso de creación de esa unidad y sus alcances no respetaron el ordenamiento jurídico, sino que se desenvolvieron en medio de presiones y complacencias políticas por la jerarquía de la que gozaba el proyecto.

Es de esperar, entonces, que el mandatario tenga que responder hoy por esos y otros cuestionamientos y que sea él el último encargado de defender la legalidad o no del decreto, firmado y derogado en menos de una semana y que se constituye como el principal escándalo de esta administración.

La audiencia, que llega también aderezada por la polémica por las acusaciones de inconstitucionalidad que han salido desde Casa Presidencial por el uso del salón del plenario y la presencia de todos los diputados, dará pie al inicio de la redacción del informe final, que deberá se presentado al Plenario antes del 30 de abril.

La investigación legislativa avanza en paralelo a la Judicial, que también pretende determinar si existió o no alguna ilegalidad en torno a la UPAD.

La comparecencia arrancará a las 9:30 a. m. de hoy y en ella podrán participar, incluso con preguntas, todos los diputados que así lo deseen, aunque la prioridad la tendrán los siete legisladores de la comisión.