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Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público decidieron este jueves trasladar a la Contraloría, el Ministerio Público, la Procuraduría de la Ética y el Tribunal Supremo de Elecciones la investigación por presunto tráfico de influencias del expresidente del Sinart, Mario Alfaro.

El informe, que recibió cuatro votos a favor y dos en contra, determinó que a criterio de los legisladores no existió dicho delito, pero que ante sus limitantes era preferible elevar la investigación a esas entidades.

El diputado oficialista Luis Ramón Carranza criticó el informe avalado por dicho foro legislativo y acusó a sus compañeros de judicializar la política.

Entre las recomendaciones avaladas por la Comisión está que se investiguen las presuntas irregularidades y denuncias señaladas contra los siguientes altos funcionarios de la administración Solís Rivera y Alvarado Quesada:  Sylvie Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud de ambas administraciones; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia y actual Embajador en Bélgica; Mauricio Herrera Ulloa, exministro de Comunicación y actual Embajador en Honduras y Sonia Marta Mora Escalante, exministra de Educación Pública y actual Embajadora en Francia.

El caso

Alfaro fue destituido de su cargo por el Consejo de Gobierno en mayo de 2018, luego de que fuera acusado de tráfico de influencias con una cooperativa conformada por familiares suyos.

A finales de 2016, poco después de que el funcionario asumiera como presidente ejecutivo del Sinart, Coopeasesorías R. L. solicitó un préstamo de ₡500 millones a la banca estatal.

En la solicitud del crédito la cooperativa aseguró que tenían el visto bueno del Sinart para contratar sus servicios de factoreo, un sistema de pago adelantado de facturas a favor a cambio de una comisión.

A mediados del 2017, el propio Alfaro solicitó una reunión sobre el tema del factoreo e invitó al gerente general de Coopeasesorías para discutir su propuesta.

El jerarca aseguró en todo momento que su intención nunca fue contratar a la empresa, sino más bien recibir asesoría en el tema; sin embargo, el Consejo de Gobierno solicitó iniciar un proceso de investigación en su contra y también lo invitó a renunciar a su cargo, a lo que Alfaro se negó en un primer momento.