Hacienda propone que el OIJ pague IVA en la compra de todos sus bienes y servicios

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto que obligaría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a pagar el impuesto al valor agregado (IVA) en las compras de todos sus bienes y servicios.

Esto incluye, por ejemplo, cualquier equipo que ese cuerpo del Poder Judicial utilice para el combate a la criminalidad.

La propuesta está incluida en el expediente 25.797, Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario, que establece un nuevo marco para otorgar, controlar, fiscalizar, liquidar y revocar beneficios tributarios.

En su extenso articulado, el proyecto deroga una serie de artículos e incisos de diferentes leyes que actualmente ofrecen diferentes exoneraciones fiscales.

Por ejemplo, se propone eliminar nueve incisos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), todos estos relacionados con diferentes exoneraciones que hoy tiene ese tributo.

En esa lista destacan, además del OIJ, los bienes y servicios que venda, preste o adquiera el Benemérito Cuerpo de Bomberos; las comisiones por los servicios de subastas ganaderas y las transacciones de animales vivos que se hagan en estas y la adquisición de bienes y servicios que hagan las juntas de educación del MEP, las juntas de desarrollo comunal y las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas).

De la misma forma, se pretende gravar la compra y la venta de bienes y servicios que hagan las universidades públicas, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

¿Por qué?

“Lo que nosotros buscamos es que las instituciones públicas paguen el impuesto por una razón muy sencilla, y es que la gestión de las exoneraciones tiene un costo. O sea, nosotros tenemos que invertir recursos valiosos que podríamos estar destinando a la fiscalización de grandes contribuyentes o de empresas grandes a nivel territorial para contribuirle más al fisco, en lugar de tenerlos verificándolas y tramitando exoneraciones de instituciones públicas.

“Entonces, eso es un principio que nosotros queremos implementar y a partir de ahí también se derivan una serie de movimientos importantes que nos van a generar ingresos”, explicó el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal.

El jerarca explicó que el proyecto tiene tres objetivos puntuales: primero, actualizar el régimen de exoneraciones para establecer no solo potestades fiscalizadoras que hoy no existen, sino además un marco sancionador que establezca multas de hasta un 150% sobre los beneficios dejados de pagar por el contribuyente a partir de esos beneficios fiscales.

El segundo punto es trasladar todo el régimen de exoneraciones de la Dirección General de Hacienda a la Dirección General de Tributación, que sería la encargada de evaluar y aprobar o rechazar esos beneficios, así como eventualmente verificar su cumplimiento y sancionar a quienes incumplan.

La potestad de crear o eliminar exoneraciones seguiría siendo de la Asamblea Legislativa.

El tercer punto objetivo es generar ingresos en medio de la caída sostenida en la recaudación fiscal. En este punto, Hacienda espera que la eliminación de exoneraciones genere un ingreso de alrededor de 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a alrededor de ₡348 mil millones por año.

Pero, ¿por qué apuntar a cobrar impuestos a sectores sensibles como el OIJ, Bomberos, las juntas de desarrollo y educación o las universidades públicas?

"Los policías usan chalecos y los policías andan armados, y el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, la Policía Mutual Fiscal y el Ministerio de Hacienda todos pagamos el impuesto no revelado. Entonces, realmente es algo que se requiere para poder tener un sistema tributario mucho más racional. La lógica de un beneficio fiscal es incentivar una actividad económica, es incentivar la contratación, la generación de empleo por alguna actividad", insistió el jerarca.

En medio de los recortes presupuestarios que cuestiona el Poder Judicial, ¿no cree que esa eliminación de la exoneración del impuesto al OIJ afectaría directamente el combate a la criminalidad?

“Realmente no. Nosotros somos conscientes de que tienen el presupuesto necesario para hacerle frente a esto, al igual que nosotros tenemos el presupuesto necesario para hacerle frente. Y las demás instituciones deben hacerle frente”, finalizó Carvajal.

Al tocar temas tributarios, el proyecto necesitaría de al menos 38 votos para aprobarse.