Gustavo Viales presenta acción de inconstitucionalidad contra privilegios de trabajadores de Recope
Se cuestionan los artículos 68 y 69 que estipulan los subsidios mensuales para los hijos de empleados y la alimentación personal de los colaboradores.
El diputado liberacionista, Gustavo Viales, presentó una acción de inconstitucionalidad contra algunas cláusulas abusivas de la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ante la Sala Constitucional.
Viales considera que la convención contiene una serie de beneficios desmedidos, otorgados con fondos públicos para todos sus trabajadores y que, según Viales, viene a violentar los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
De acuerdo con dicha acción, se cuestiona por inconstitucional los artículos 68 y 69 de dicha convención colectiva, la cual fue homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resolución DAL-DRT-RG-8-2021, el 28 de mayo del 2021, por cuanto Recope.
“Cláusulas abusivas”
Las cláusulas abusivas señaladas por el legislador son las siguientes:
El artículo 68, viene a otorgar un subsidio mensual de ₡70.000, a todos aquellos funcionarios que perciban un salario de ₡750.000 o menos, para el cuido de sus hijos. “No obstante, es el deber de los padres de familia la guardia y crianza de los niños; al Estado le corresponde velar por la protección del menor desamparado y así se establece en la Constitución Política, con la creación de un órgano estatal como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), sin embargo, en el caso que nos ocupa, estamos en presencia de hijos menores de edad (menos de seis años y seis meses), cuyos padres son funcionarios de una institución estatal, y que reciben un salario por el desempeño de sus funciones. Este subsidio es un cuestionado y odioso privilegio, cuya evidencia es un incremento salarial solapado”.
El artículo 69 establece que Recope otorgará un subsidio para el servicio de alimentación del personal, el cual durante el primer año de vigencia de la Convención Colectiva, Recope cubrirá el 50% del servicio de alimentación y las personas trabajadoras el otro 50% del servicio, y a partir del segundo año de vigencia de la Convención Colectiva, Recope, cubrirá el 40% del servicio de alimentación, y las personas trabajadoras el otro 60%. “Esto viene a otorgar un subsidio para el servicio de alimentación del personal, lo cual genera un privilegio desmedido, irrazonable y desproporcionado a favor de un grupo selecto de servidores públicos, el cual es abiertamente discriminatorio y diferenciado con respecto a otros trabajadores del sector público”, señala el diputado.
Finalmente, Viales expresó que “estas convenciones colectivas contienen cláusulas abusivas, que conceden una serie de privilegios excesivos a los empleados que son costeados por el Estado, y por todos los costarricenses. Es evidente el uso indebido de fondos públicos, ya que incumplen los principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad establecidos en la Constitución Política. No es posible que instituciones públicas otorguen beneficios a un grupo determinado de empleados. Este tipo de privilegios con uso de fondos públicos contribuye al desequilibrio de las finanzas públicas del Estado, máxime con la crisis fiscal que está atravesando el país”.
