Por Juan José Herrera |18 de marzo de 2024, 19:41 PM

El Poder Ejecutivo propone vender el Banco de Costa Rica mediante una negociación confidencial, donde ninguno de los actores vinculados al proceso tendría la autorización de referirse públicamente este.

Así se recoge del proyecto de ley presentado este lunes a las diferentes jefaturas de fracción y dado a conocer por la bancada oficialista.

La propuesta, que ya había sido anunciada para hoy por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, establece dentro de su articulado que durante todo el proceso de negociación estaría prohibido brindar información relacionada con la venta.

“Durante todo el proceso de negociación, los miembros de la Comisión Ejecutiva de Calificación y Selección de Firmas Asesoras, los miembros en funciones de la Junta Directiva, personal gerencial y personal directivo del Banco de Costa Rica, así como todo funcionario ministerial o bancario, deberán mantener la confidencialidad de la información relacionada con el proceso de negociación”.

Ese apartado no se incluyó en la anterior propuesta del Gobierno ni un posterior sustitutivo, ambos archivados ante el rechazo generalizado del Congreso.

¿Cómo?

El nuevo texto propone una venta del conglomerado en dos etapas: la primera con todo el proceso preliminar, incluida información pública para potenciales compradores y el lanzamiento formal de la oferta al mercado.

En la segunda etapa se recibirían las ofertas formales, que serán analizadas por una o varias firmas consultoras que deberá elegir una comisión ejecutiva de calificación y selección, conformada por dos ministros del Estado que designe el Ministerio de Hacienda.

Esa comisión también formulará los criterios de selección de ofertas previo consejo de las firmas especializadas contratadas. El Consejo de Gobierno será el encargado de elegir la oferta ganadora.

Hacienda, además, podrá invitar directamente a potenciales compradores

Con ese proceso concluido y una vez efectuado el pago, el BCR se transformaría de una institución autónoma en un banco comercial privado y bajo la constitución de una sociedad anónima por medio de la Notaría del Estado.

El proyecto añade que los recursos producto de la venta irían “única y exclusivamente” al pago de intereses y amortización de la deuda pública, tanto interna como externa.

El proyecto de ley será conocido por las jefaturas antes de ser presentado al Congreso de manera oficial.

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