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El Ministerio de Planificación Nacional y Planificación Económica (Mideplan) presentaría en marzo próximo el esperado proyecto para la reducción del aparato estatal, una propuesta que se viene anunciando desde el año anterior.

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, aseguró que el borrador ya está listo y se está “socializando y ajustando a la institucionalidad involucrada”.

El proyecto incluirá la recomendación de cierre de algunos órganos desconcentrados, así como la fusión y protección de otros.

“Se ha analizado si los órganos son robustos, si hay ineficiencias, duplicidades, si hay órganos que no tienen razón de ser, se analizó que no haya irregularidades en el uso de los recursos públicos, etc. Ese fue un estudio exhaustivo que realizó el personal especializado del área de Modernización del Estado de Mideplan durante el año pasado y el resultado final se obtuvo a final de año”, aseguró la jerarca.

La propuesta recomendará además que las juntas directivas no tengan pesos tan grandes en las decisiones de esos órganos o instituciones para así evitar el conflicto de intereses.  

El Gobierno anunció en febrero del año anterior el inicio de esa reforma estatal con el cierre de seis instituciones inactivas que no tenían personal, presupuesto ni cumplían “ninguna función sustantiva” para el país.

Se trata de la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Junta de Fomento Salinero, la Junta Nacional de la Cabuya y la Casa Hogar de la Tía Tere.

Ese primer paso, requisito para la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debía acompañarse de este nuevo proyecto que se presentaría en marzo anterior pero que ha sido relegando por el Gobierno.

El señalamiento de la OCDE es que el país no podía mantener un aparato estatal tan grande como el actual pues la eficiencia de su gestión se ve seriamente mermada por esta condicionante.

En este momento hay más de 300 instituciones vinculadas al Gobierno Central.

El análisis de Mideplan pasa por la evaluación de mantener 76 de estas que funcionan como órganos desconcentrados, es decir, de manera independiente al Gobierno.

En esa lista están por ejemplo el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Transporte Público (CTP) o el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia (IAFA).

Garrido había asegurado al diario La Nación en noviembre anterior que trabajan con todos los ministerios y que el análisis inició por Cultura, el que tiene más órganos desconcentrados con un total de 15.

Dudas

Esa propuesta del Ejecutivo deberá ser estudiada y avalada por los diputados de la Asamblea Legislativa, que han criticado fuertemente el retraso de esa prometida reforma pero también su viabilidad.

“El tema hay que verlo con pinzas, hay que ver caso por caso, no se puede empezar a fusionar o eliminar instituciones a lo loco, tiene que haber un plan, un estudio y una lógica de mejorar la prestación de los servicios.

“No creo que sea la vía para reducir el déficit del Gobierno Central porque la mayoría de esas instituciones son autónomas, entonces el ahorro para el gobierno sería mínimo. Salvo que quieran despedir y despedir maestros y policías y otros funcionarios de labores esenciales, la reducción de instituciones no va a ser el camino y además puede tener graves impactos sociales”, aseguró el frenteamplista José María Villalta.

 Otros, como el independiente Erick Rodríguez, insisten en que el Gobierno debería ir más allá y cerrar instituciones que históricamente ha luchado por mantener, como por ejemplo Japdeva.

“¿Qué hace Fanal? ¿Qué hace un Estado produciendo guaro? ¡Vendan eso que solo pérdidas deja! ¿Qué hacemos con Japdeva? ¡Vendan eso y ciérrenlo! Vendamos un banco público, reduzcamos gastos en serio, pero el Gobierno no quiere hacerlo para no pagar ese costo político, un costo que sí pagó la Asamblea con la reforma fiscal.

“Aquí hace mucho ya dejó de tratarse del Estado que queremos, la pregunta ahora es cuál es el Estado que podemos sostener y en este momento no podemos sostener uno tan obeso como el actual”, cuestionó.

Si el Gobierno cumple, el proyecto llegaría a la Asamblea Legislativa con menos de dos meses restantes de sesiones extraordinarias, que acabarán el 30 de abril próximo.