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Este viernes, casi cuatro meses después de recibir la invitación formal, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el convenio de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se trata del último paso para formalizar el proceso de incorporación a la OCDE, que durante casi 10 años ha perseguido el país.

El proyecto se tramitará bajo el expediente 22.187, pasará posiblemente por la comisión especial creada para este proceso y luego llegará al Plenario para su votación final.

El texto establece que el Consejo Rector Nacional para la OCDE será presidido por el ministro de Comercio Exterior, institución que además actuará como secretaría técnica.

En ese órgano estarán además los jerarcas de Presidencia, Relaciones Exteriores, Planificación y Hacienda.

La designación de quién será el embajador del país ante el organismo, punto más discutido en este convenio, no fue sin embargo aclarado por el Gobierno, pues se limitó a decir que ese nombramiento será potestad exclusiva del Ejecutivo.

Esa decisión ya había sido cuestionada por diputados y la propia exministra de COMEX Dyalá Jiménez, quien luego de dirigir las negociaciones con la OCDE renunció hace un mes evidenciando su malestar por esa designación y el interés del Ministerio de Relaciones Exteriores por ocupar ese cargo.

“Yo como jerarca de una institución que trabajó de manera tan articulada para lograr esa adhesión no estoy de acuerdo que haya un cambio de timón, esa es mi posición, no es bueno para el país. No es que sea peligroso para Dyalá o peligroso para COMEX, es que no creo que sea un buen cambio para el país”, dijo la exjerarca el día de su renuncia.

En ese momento la diputada de Liberación Nacional, Silvia Hernández, afirmó “estar convencida” de que la renuncia de Jiménez obedeció a esa disputa, algo que la propia jerarca no confirmó ni desmintió.

Este viernes la también verdiblanca Ana Lucía Delgado, miembro de la comisión OCDE, aseguró que además del proceso de discusión y aprobación en el Legislativo y la sanción del Ejecutivo, el proyecto también deberá superar una consulta de constitucionalidad final.

“Una vez superadas estas etapas nacionales puede ser depositado el instrumento de ratificación ante las autoridades francesas para llegar a ser oficialmente miembros de esta organización.

“Esta eventual incorporación es un hecho histórico para Costa Rica y de vital importancia”, dijo.

14 leyes fueron tramitadas por la comisión OCDE para aprobar parte de los requisitos que la organización planteó al país. En ese sentido, el país se comprometió a continuar mejorando en diferentes áreas, por lo que estará expuesto a la evaluación constante y el cumplimiento de los planes trazados.

“Costa Rica podrá participar en los más de 300 comités y grupos de trabajo de la OCDE para decidir e incidir, en igualdad de condiciones, en el desarrollo de soluciones innovadoras para desafíos comunes, como lo es hoy la emergencia ante el COVID-19, al igual que temas asociados con el cambio climático, la cuarta revolución industrial, las cadenas globales y el soborno transnacional, entre otros”, celebró el Gobierno.