Gobierno niega, ante CIDH, irrespeto a la independencia judicial
El Ejecutivo respondió así a los alegatos de la Asociación Costarricense de la Judicatura, que expuso ante la Comisión los “riesgos y amenazas” que enfrenta el Poder Judicial en la actualidad.
El Gobierno negó este lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exista irrespeto a la independencia judicial en Costa Rica.
La delegación del Poder Ejecutivo se eximió de responsabilidad por temas como los atrasos en el nombramiento de magistrados de la Sala Constitucional y alegó que esto responde al procedimiento en la Asamblea Legislativa y la entrega de la nómina por parte del Poder Judicial.
La audiencia de la Comisión se realizó este lunes por la mañana en Ciudad de Panamá, a petición de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
Ahí, el Ejecutivo negó la existencia de una política de debilitamiento de la independencia judicial y justificó las acciones presupuestarias debido a que el Gobierno enfrenta una caída del 2,3 % en sus ingresos.
"Costa Rica rechaza firmemente la existencia de una política estatal dirigida a menoscabar la independencia judicial", aseguró el representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller (2022-2026), Arnoldo André.
El diplomático afirmó que la independencia judicial es un "pilar fundamental" de la democracia costarricense y una "garantía del Estado de derecho", que las críticas son parte del ejercicio democrático, que el Gobierno no ha desacatado órdenes judiciales y que ningún operador de justicia ha sufrido represalias por sus decisiones.
André hizo un llamado a la CIDH a "examinar con rigor" las "preocupaciones" presentadas en la audiencia.
Sobre el presupuesto, el excanciller afirmó que la Constitución Política establece que al Poder Judicial le corresponde el 6 % de los ingresos del Estado y que para el ejercicio 2027 se le están otorgando 6,87 %.
Críticas
La organización de jueces denunció ante la CIDH temas como las restricciones presupuestarias, el bloqueo al nombramiento de magistrados, así como las amenazas y ataques contra el Poder Judicial. También mencionó la situación carcelaria en el país.
En la audiencia, celebrada en Panamá durante el 197 periodo de sesiones de la CIDH, varias organizaciones señalaron la existencia de discursos de estigmatización y desprestigio contra operadores de justicia, el uso del presupuesto como medida de presión, la negativa del oficialismo a nombrar magistrados suplentes de la Sala Constitucional y mensajes públicos que buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
La presidenta de la Acojud, Adriana Orocú, afirmó que el Gobierno está condicionando a decisiones y aprobaciones políticas del Congreso, mayoritariamente oficialista, el desembolso de una parte del presupuesto del Poder Judicial, basándose en "normas atípicas definidas arbitrariamente y sin sustento técnico".
La audiencia ante la CIDH se enmarca en un contexto de constantes roces entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que comenzaron durante el Gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) y que han continuado en el de Laura Fernández (2026-2030).
La audiencia ante la CIDH fue solicitada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y el Programa Jotay.
Las organizaciones recordaron que en 2025 el entonces presidente Chaves encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal general y que en 2026 la presidenta Fernández calificó como "golpistas" a los magistrados de la Sala Constitucional que prorrogaron los nombramientos de los magistrados suplentes ante la negativa del oficialismo en el Congreso a elegir entre una nómina presentada por la Corte Suprema.
También recordaron unas declaraciones de Chaves tras la victoria electoral de Fernández, en las que celebró que "el pueblo" había "recuperado" el Poder Ejecutivo y el Legislativo y que solo hacía falta el Judicial.
