Gobierno discute “impuesto ambiental” para combatir desechos no reciclables
Propuesta será parte de la política pública que el Ejecutivo promete presentar el próximo 5 de abril.
El Poder Ejecutivo discute la posibilidad de cobrar un “impuesto ambiental” para combatir los desechos no reciclables en Costa Rica.
Así lo anunció esta semana a los diputados el vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
La propuesta se presentará, oficialmente, el próximo 5 de abril, cuando el Gobierno dé a conocer su política pública para atender la crisis de desechos que enfrenta el país.
Esa política incluirá tres proyectos de ley: dos para atender la situación a corto plazo y uno más para las soluciones a futuro, en ese último se incluiría ese nuevo gravamen.
La idea del Ejecutivo, según detalló Brunner, es impulsar una política de manejo de desechos centrada en la clasificación de los residuos y el reciclaje.
“La propuesta que les traemos no va a resolver el problema de si la otra semana cierran La Carpio o no lo cierran, no es un tema de rellenos, sino todo lo contrario, es cómo Costa Rica sale de la necesidad de contar con rellenos para dar tratamiento a los residuos”, aseveró.
A grandes rasgos, se propondría que el 50% de los residuos ordinarios (80% del total del país) se traten mediante un programa de compostaje y biodigestores, pues según Brunner estos son desechos orgánicos.
Otro 30% irá a centros de acopio como residuos valorizables o reciclables, aquí iría el plástico, aluminio, Tetrapak o cartón, entre otros.
Esos centros de acopio serán gestionados por las municipalidades y existirá uno por cada 15 mil ciudadanos, llegando así a entre 300 y 350 en todo el país.
Según el vicepresidente, ahí se podría pagar, en promedio, ₡500 por cada kilo de material, esto como un incentivo para los ciudadanos.
“En los países donde se ha implementado se recoge más del 90% de los materiales reciclables y esto nos da un chance para traer plantas de reciclaje, en este país solo hay dos”, añadió.
Con este plan, dijo Brunner, se podría reducir a un 2% el total de desechos que llegan a los botaderos, haciendo posible que solo exista uno de estos centros para todo el país y eliminando así la crisis actual, donde ninguna municipalidad quiere aceptar que se construya uno de estos centros de desechos.
“La idea del gobierno es que en 10 o 15 años el material que llegue a los rellenos sanitarios sea prácticamente nada, alrededor de un 2% de lo que se remite en la actualidad.
“El proyecto prevé un canon o impuesto ambiental para desincentivar el uso de materiales que no son reciclables”, aseveró.
¿Y lo inmediato?
Los diputados de la Comisión de Ambiente llamaron a cuentas a Brunner y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, para que ambos explicaran la visión del Ejecutivo sobre la crisis de desechos actual, en alerta roja por el inminente cierre del botadero de La Carpio, que recibe los residuos de todo el GAM.
“El tema la basura es una crisis y una bomba de tiempo, yo puedo entender las soluciones de largo plazo y las valoro, pero no logro entender la lógica del proyecto de ley desde la situación actual que vive el país.
“Yo no me permitiría un solo impuesto más para los costarricenses, no es justificado, no puede ser esa la solución (…) Vamos a cerrar La Carpio y nos vamos a quedar con un solo botadero para la GAM y eso va a ser un problema serio”, aseveró la liberal Kattia Cambronero, una de las más críticas en el tema.
Brunner explicó que, en el corto plazo, se impulsará un proyecto de ley para que las municipalidades puedan trabajar de manera mancomunada, de manera que gobiernos locales puedan invertir en terrenos de municipalidades vecinas para atender sus problemas de desechos.
El otro proyecto, del cual el vicepresidente no quiso dar mayores detalles, apuntará a eliminar la potestad legal que hoy tienen las municipalidades de negarse a recibir un botadero en sus terrenos.
“Creo que cometimos un error al permitirle a las municipalidades decidir si permiten o no un relleno sanitario en sus territorios. Obviamente una decisión de ese tipo tiene externalidades hacia otras municipalidades, porque si yo no permito los otros no lo pueden traer y lo que resulta es que todas las municipalidades se plantan en no permitir los rellenos.
“Ahí tenemos un error, porque pusimos a elegir a entidades que generan una externalidad negativa al país al tomar una decisión meramente en función de sus intereses, ese es un proyecto de ley que vamos a hacer público el 5 de abril”, afirmó.
Las autoridades han reconocido que de los ocho rellenos sanitarios que existen en el país, seis están a punto de cumplir su vida útil.
