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El Gobierno de la República anunció este miércoles la convocatoria a sesiones extraordinarias del proyecto de ley que permitiría una moratoria al pago de alquileres comerciales y residenciales por motivo de la emergencia ocasionada por el COVID-19.

La iniciativa está enfocada en ayudar a aquellos inquilinos de viviendas o locales comerciales que hayan visto afectados sus ingresos económicos por motivo de la pandemia.

Para esto establece diferencias según el grado de afectación.

En el caso de aquellos arrendatarios que tengan una disminución total de sus ingresos la ley permitiría la moratoria completa del pago de alquiler por hasta tres meses.

Estos deberán cancelar los montos adeudados a más tardar el 31 de enero próximo, ese plazo podría extenderse hasta el 30 de junio de 2021 siempre que los afectados hayan cancelado el 50% de la deuda antes del 31 de enero.

Si la afectación es 50% o más la moratoria también deberá ser de al menos la mitad del pago, mientras que en casos donde la afectación vaya del 20% al 50% el porcentaje a pagar deberá ser proporcional a la disminución de los ingresos.

En este segundo escenario las personas afectadas tendrán hasta el 31 de enero de 2021 para pagar lo adeudado, plazo que podría extenderse tres meses más previa cancelación del 50% de la deuda.

Finalmente en el tercer grupo se dispondrá de tres meses para el pago de las cuotas caídas, más otros tres previa cancelación del 50% de la deuda.

Para todos los casos los afectados deberán presentar como prueba de su afectación una carta o constancia del patrono donde se demuestre el hecho, o bien una declaración del IVA que evidencia la reducción de ingresos.

También será aceptada como prueba una declaración jurada que incluya dos testigos.

Los pagos de los servicios públicos seguirán a cargo de los arrendatarios, mientras que los efectos de la moratoria se suspenderán en el momento en que el arrendador demuestre al arrendatario que recuperó las condiciones establecidas al momento de firmar el contrato original.

La ley establece además la suspensión de cualquier aumento mientras dure la emergencia ocasionada por el COVID-19, así como el desalojo de cualquier inquilino por motivo de la pandemia.

Balance

El trabajo de los legisladores se concentró en encontrar una fórmula que ayudara a los arrendatarios pero sin descuidar a los arrendadores, un balance difícil de llegar principalmente por tratarse de un tema de derecho privado.

“Este texto lo que viene es a ayudar a aquellos casos que no hayan logrado un acuerdo entre propietarios y arrendatarios, lo perfecto es enemigo de lo bueno, sé que no habrá un escenario en que todos estén felices, pero al país le urge una respuesta para esos casos”, dijo la diputada liberacionista Karine Niño, parte de la mesa de donde salió el proyecto.

La idea, según reafirmó la legisladora, es que antes de recurrir a esta moratoria propietarios e inquilinos puedan llegar a un acuerdo que se ajuste mejor a las necesidades de cada uno y se ahorren todo el proceso legal.

Originalmente se discutió la posibilidad de decretar una condonación total de los alquileres, sin embargo, esa opción fue rápidamente desechada.

“Estamos hablando del derecho privado, nosotros no podemos legislar sobre acuerdos privados, habría una inconstitucionalidad seria ahí. Por eso esta discusión es tan compleja, porque entendemos que en muchos casos después tampoco va a haber dinero para pagar lo atrasado, pero hay que respetar la ley”, dijo el martes la diputada verdiblanca.

La legisladora añadió que los diputados incluso buscaron a la ministra de Economía, Geaninna Dinarte, para valorar la creación de un subsidio de alquiler que permitiera ayudar a los afectados, pero esta aseguró que no existen los recursos para pensar en algo así.

Niño aseguró además que el Gobierno no reconoce a los arrendadores como trabajadores, ni siquiera a nivel independiente o informal, por lo que tampoco pueden ser sujetos de ayudas como las que brinda el recién aprobado Plan Proteger.

El proyecto sería dispensado de todo trámite el próximo viernes cuando los diputados vuelvan a sesionar, por lo que preliminarmente sería votado en primer y segundo debate la próxima semana.