Por Michelle Campos 6 de octubre de 2026, 17:27 PM

La fracción del Frente Amplio mantiene su oposición al proyecto de armonización del marco eléctrico nacional impulsado por el Gobierno y, en su lugar, presentó dos alternativas para reformar el sector eléctrico costarricense.

Los proyectos fueron anunciados este martes mientras la propuesta de armonización del Ejecutivo se encuentra a la espera de una eventual votación en segundo debate en el Plenario Legislativo.

Una de las iniciativas del FA plantea reformar el artículo 50 de la Constitución Política para reconocer la electricidad como un derecho humano.

Sigrid Segura, legisladora frenteamplista, aseguró que el futuro del sistema eléctrico está en juego y cuestionó decisiones del oficialismo que, según dijo, forman parte de un proceso de "desmantelamiento" del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Entre los señalamientos de Segura está el eventual cierre de la Dirección de Planificación del ICE y la demolición de su edificio central. La legisladora cuestionó que estas decisiones se tomen sin que existan datos que las respalden.

El segundo proyecto fue presentado por la también frenteamplista Joselyn Sáenz y busca establecer reglas para evitar las llamadas “puertas giratorias” en el Consejo Directivo del ICE.

La propuesta establece un periodo de tres años para impedir que personas vinculadas laboralmente con empresas privadas del sector energético puedan ser nombradas posteriormente en el Consejo Directivo o como asesoras de la institución.

Además, quienes ocupen esos cargos tendrían que informar a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) sobre sus actividades profesionales durante los tres años previos a su designación. 

El incumplimiento podría generar una inhabilitación de cinco años para trabajar en el ICE.

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