Fiscalía pide apertura de juicio contra presidente Alvarado por caso UPAD

La Fiscalía General de la República pidió apertura de juicio contra el presidente Carlos Alvarado y Víctor Morales Mora (exministro de la Presidencia) por el presunto delito de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad.

Esta apertura de juicio va dirigida a los magistrados que integran la Sala Tercera, a la cual, además, se solicita el levantamiento de la inmunidad.

El Ministerio Público investiga a Alvarado y Morales desde el 2018 por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) la cual habría recopilado información sobre aspectos personales, restringidos y sensibles de ciudadanos costarricenses.

El fiscal a.i., Warner Molina, señala en la acusación que las unidades de investigación estuvieron ubicadas en Casa Presidencial: "dedicadas a la compilación y análisis de datos personales de las personas ciudadanas de Costa Rica. Sin mediar regulación alguna que avalara su funcionamiento". 

Rodolfo Brenes, uno de los abogados del presidente Alvarado, confirmó que hasta el momento no han recibido notificación sobre la causa.

“Como viene siendo costumbre, nos hemos enterado por medio de la prensa porque de nada hemos sido notificados de que la Fiscalía General de la República, al parecer, presentó una acusación contra el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y dos exjerarcas por los hechos relacionados con la creación de la UPAD”, señala un comunicado de prensa enviado por Brenes y Roger Guevara, defensores del presidente Alvarado.

Los abogados defensores del Presidente aseguran que no conocen la existencia de expediente en el que supuestamente se emitió la acusación.

Además, tras conocer sobre la acusación y solicitud de apertura de juicio, la Defensoría de los Habitantes indicó que rendirá prueba testimonial y documental sobre la causa por el caso UPAD.

“La Defensoría de los Habitantes, en cumplimiento de su mandato legal, interpuso inicialmente la denuncia sobre las eventuales transgresiones de la UPAD en materia de datos sensibles protegidos por Ley. Indagar este caso hasta sus últimas consecuencias es un imperativo legal y democrático para la protección y defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y un ejemplo para el Mundo”, dijo Catalina Crespo, defensora de los Habitantes.