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Fiscalía acusa al exdiputado Abelino Esquivel, a su hermana y esposa por varios delitos

El exdiputado exigía parte del salario (como diezmo) a tres de sus asesores. Además su esposa fue nombrada asesora destacada a su cargo y se le pagaba sin que trabajara.

Por Luis Jiménez |7 de septiembre de 2018, 5:39 AM

La Fiscalía General de la República informó este viernes que ha acusa al exdiputado Abelino Esquivel Quesada y a su hermana de cuatro delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito. Mientras que, su esposa Xinia Cortés Oporto, fue acusada de dos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.

Así mismo, el caso le fue comunicado a la Procuraduría General de la República bajo el expediente 18-000015-033-PE.

“La ley establece que en casos en que la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la Procuraduría para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado”, así lo señala el Ministerio Público mediante un comunicado solicitado por Teletica.com.

A partir del próximo lunes la Procuraduría tiene 13 días para presentar una querella y la acción civil correspondiente.

“Finalizado este plazo, la Fiscalía enviará la acusación con los documentos que entregue la Procuraduría al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José”, indica el Ministerio Público.

Según se conoció el pasado mes de junio, el exdiputado exigía parte del salario (como diezmo) a tres de sus asesores, además gestionó y logró el nombramiento de su esposa como asesora destacada a su cargo a quien se le pagaba un sueldo sin que esta se presentara a laborar. 

Además, la hermana se desempeñaba como Jefa de Despacho y era la encargada de hacer los cobros referidos.

También se supo que el diezmo que pedía Esquivel nunca ingresó a las arcas del partido Renovación Costarricense tal y como él lo había indicado en su defensa ante los medios de comunicación.

Sus asesores, Shirley Marín, Joselyn Rodríguez y Álvaro Oconitrillo denunciaron públicamente los cobros, que ascendían entre los tres, a ₡575.000 mensuales.