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La comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó este jueves por unanimidad el proyecto 21.511, que impediría la naturalización de extranjeros que tengan antecedentes penales tanto dentro como fuera del país en los últimos 10 años.

La iniciativa del liberacionista Gustavo Viales establece esa prohibición también para aquellos foráneos con procesos judiciales pendientes hasta tanto estos no sean resueltos.

“Esto viene a contribuir con la seguridad nacional del país, ya que repercute de manera directa en la criminalidad, limitando que personas con conductas altamente reprochables se instalen en nuestro país.

“El otorgamiento de la nacionalidad costarricense se debe tomar en cuenta el comportamiento y respeto al sistema normativo, por lo que esto debe ser valorado al otorgar o no la nacionalidad, ya que este estatus debe ser un privilegio meritorio para las personas extranjeras que deseen pertenecer a nuestro país”, dijo Viales.

La propuesta contempla dos excepciones a esta medida: los refugiados y las personas apátridas.

En el caso de los primeros pueden tener antecedentes previos al otorgamiento del refugio siempre y cuando esas medidas sean otorgadas por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, teniendo conocimiento de la existencia de tal condena.

Los apátridas, por otro lado, previa declaratoria de dicha condición por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que dicha cartera tenga conocimiento de la condena y a pesar de los antecedentes se otorga esa condición. 

Esta excepción no aplica para las personas en condición de refugiadas y apátridas que cometan delitos dolosos en Costa Rica o en el extranjero con posterioridad a la declaratoria de esa condición. 

El proyecto podrá ahora ser conocido y votado dentro del Plenario.