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La rectoría del empleo público, su ámbito de aplicación y la definición del salario único y sus familias volverán a ser discutidas la próxima semana por los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.

Todos esos temas regresarán al debate pese a haber quedado resueltos semanas atrás durante el primer día de mociones vía artículo 137 (de reforma o enmienda).

La razón son los múltiples señalamientos y quejas que han surgido de diversos sectores luego de que se aprobaran 73 de las 301 mociones presentadas.

Una de las primeras decisiones fue la de excluir de la reforma a las empresas públicas en competencia, una disposición que levantó críticas desde dos frentes: los que abogan por una aplicación pareja de las restricciones y los que defienden que ese trato especial también debería aplicar para universidades o municipalidades, por ejemplo.

Esa última tesis es defendida por un grupo de diputados de Liberación Nacional que han retrasado el inicio de esa segunda jornada de discusión para presentar reformas en ese sentido.

“Hay un grupo de diputados dentro de la fracción de Liberación Nacional que han venido solicitando tiempo para que no se queme ese segundo día de mociones para poder construir acuerdos en los temas que les interesa (…) de manera cortés hemos venido pidiendo el espacio y al día de hoy lo cierto es que no han presentado ninguna.

“Yo entiendo que cada diputado tiene derecho a enmienda y a presentar las mociones que crean convenientes, lo que me preocupa es que pidan tiempo y no presenten ninguna moción en ninguno de los temas”, criticó Luis Fernando Chacón, jefe de fracción verdiblanco.

Víctor Morales Mora, diputado del PAC y presidente de la comisión, confirmó que están a la espera de que lleguen mociones en ese sentido y que actualmente ya hay presentadas poco más de 100 en la secretaría.

En el punto de exclusiones, Morales aseguró que su posición será la de mantener la exclusión solo para las empresas en competencia, mientras que para universidades y otros entes autónomos se buscará “afinar” su ámbito de aplicación dentro de las diferentes familias salariales.

“Claramente a todo el mundo le gustaría quedar fuera, pero el camino no es ese, hay que explicarles a todos ellos que mantendrán esa autonomía de decisión pero dentro de los límites que establecen las categorías o escalas salariales que hay previstas para los diferentes sectores”, dijo el diputado.

¿Cuándo?

“El acuerdo es que ese segundo día se apruebe este jueves y que entonces, Dios mediante, la próxima semana estemos iniciando con esa discusión.

“La idea hasta ahora es que se respete lo que ya habíamos acordado en el tema de salario global, pero por ahí hay algunas observaciones (…) En materia de rectoría ahí sí creo que puede haber cambios”, adelantó Morales Mora.

Hace dos semanas los diputados decidieron por mayoría que esa rectoría sería para el Servicio Civil, negándole así a Mideplan esa tutela.

Sin embargo, el propio ministerio, el Ejecutivo y la Contraloría señalaron que esa decisión podría acarrear vicios de constitucionalidad que amenacen el avance de la reforma, porque en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada por esta misma Asamblea, ya esa rectoría le había sido otorgada a Planificación.

“La idea es precisar que la rectoría política sería de Planificación y que el Servicio Civil quedaría adscrito a este pero con todas las funciones técnicas. Entonces Mideplan juega en lo administrativo y Servicio Civil iría más en la parte de ejecución.

“Lo otro es que el director del Servicio Civil se elegiría por parte del Consejo de Gobierno y ratificado por la Asamblea, como sucede por ejemplo con el Procurador. En ese proceso estamos, pero vamos a ver cómo termina de ajustarse”, dijo.

En el tema de las negociaciones de convenciones colectivas mantendrán el concepto de regularlas en lugar de eliminarlas, pero se está a la espera de las mociones que plasmen y delimiten esa posición.