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El proyecto de ley para la creación de un subsidio a partir de la fijación del precio de los combustibles recibió este lunes, nuevamente, la aprobación en primer debate por parte de los diputados.

El acuerdo, que recibió 50 votos a favor y uno en contra (Pedro Muñoz), se logró gracias a la exclusión total del diésel de esa iniciativa, el punto más álgido de la discusión y por el que el PUSC había amenazado con retirar todos sus votos.

La tesis de la fracción socialcristiana era que esta fijación la sentiría especialmente el sector productivo, que se mueve a base de diésel, lo que afectaría también al transporte público y el de mercaderías.

Esa exclusión, según estimaciones de los legisladores, le restará al proyecto unos ₡17.000 millones al subsidio.

El proyecto había sido originalmente votado en primer debate el lunes de la semana anterior, pero fue devuelto a discusión el miércoles y desde entonces sujeto de una serie de desacuerdos.

Diferentes diputados, incluida la fracción del PAC o el frenteamplista José María Villalta, reiteraron que no estaban de acuerdo con esa exclusión del diésel pues los efectos de la fijación no afectarían en nada la producción, pero reiteraron su apoyo a la iniciativa en aras de no retrasar más el trámite del subsidio.

Cambios

El jueves pasado los diputados acordaron cambiar los precios de referencia de la fijación a los montos actuales y eliminar el artículo 8 del texto, que permitía la venta de combustible a crédito pese a que Recope está obligado a comprar de contado, lo que hubiera dejado vulnerable a la institución.

El texto aprobado hoy avala la fijación por tres meses del precio de las gasolinas Súper (₡517,22) y Regular (₡492,18), de manera que una vez aprobada la ley estos no vuelvan a sufrir variantes mientras se extienda la emergencia ocasionada por el COVID-19.

Aresep, sin embargo, seguirá tramitando las rebajas solicitadas por Recope, previsibles por el histórico desplome en el precio del crudo y los productos terminados que ha provocado la pandemia mundial.

De esta forma, la diferencia entre el precio de venta y el precio aprobado será trasladada al Ministerio de Hacienda para alimentar los recursos que el Gobierno trasladará a los trabajadores afectados por la emergencia.

La proyección de los diputados es que este subsidio asista a unas 75.000 familias mediante la recaudación de ₡27.000 millones, poco más de la mitad de los ₡50.000 millones que originalmente se estimaban gracias a una fijación más alta y la inclusión del diésel.

El subsidio, además de los trabajadores, llegará a personas que durante este periodo se encuentran en vulnerabilidad por su condición de pobreza o pobreza extrema.

La iniciativa, que podrá ser extendida hasta por tres meses más, será votada en segundo debate este miércoles, pues el viernes está previsto que se anuncie una nueva rebaja en el precio de los combustibles.