"Erróneo e irresponsable": Diputados reaccionan a veto parcial de ley para salir de lista negra
"El Presidente está exponiendo a Costa Rica a las sanciones que pueden venir de parte de la Unión Europea", aseguró Eli Feinzaig, legislador del Partido Liberal Progresista.
"Lamentable, irresponsable y errónea": esas fueron las principales reacciones de los diputados de oposición tras conocer que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó parcialmente la ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, popularmente conocida como lista negra o paraísos fiscales.
Los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista y Nueva República coincidieron en sus criterios sobre las posibles repercusiones que podría traer esa decisión del Ejecutivo.
"Esto es realmente irresponsable y, además, muy lamentable porque las consecuencias y el impacto que puede traer para nuestro país el seguir manteniéndonos en una lista negra, como un país no cooperante, un paraíso fiscal, traería impactos en la inversión extranjera, que, a su vez, trae encadenamientos, generación de empleo, y la imagen país", indicó la verdiblanca Paulina Ramírez, quien añadió que las justificaciones del Gobierno para vetar la ley "no son suficientes".
"El presidente Chaves ha cometido un grave error (...) Está exponiendo a Costa Rica a las sanciones que pueden venir de parte de la Unión Europea", lamentó Eli Feinzaig, del Liberal Progresista.
En la misma línea van las declaraciones del PUSC. La legisladora Daniela Rojas, sin embargo, espera que la Unión Europea permita enmendar el artículo vetado sin comprometer la revisión.
"El Poder Ejecutivo tomó una decisión que pone en riesgo la imagen internacional de Costa Rica y que nos puede generar muchísimos problemas. Los tiempos todavía es posible que nos den, el día de mañana (viernes) hay una primera reunión del Comité de la Unión Europea, donde yo esperaría que puedan empezar a revisar el texto con los demás artículos, sin el que está vetado en este momento", dijo Rojas.
"Vamos a tener que correr, la próxima semana, para buscar una solución a dicho veto. Esperamos que se pueda sacar, que todavía tengamos tiempo, aunque muy apretado", agregó Alejandro Pacheco, jefe de fracción de la Unidad, quien aseguró que el discurso de Chaves fue "maquillado".
Fabricio Alvarado, de Nueva República, ya esperaba el veto; pero aseguró que él y su fracción lo estudiarán detenidamente el fin de semana.
"Creemos que es una decisión errónea, si es que tiene relación con lo que se ha discutido tanto y que para nosotros genera un clima negativo hacia el sector empresarial, que podría enviar señales erróneas", expresó Alvarado.
El Frente Amplio fue la única bancada que apoyó al oficialismo en la discusión del proyecto de ley y que, por tanto, expresó su complacencia con el veto.
"Vamos a seguir insistiendo en que es inadecuado que se quiten impuestos a algunas de las más grandes empresas del país, que, sin lugar a dudas, tienen capacidad económica para seguir pagando un impuesto que, al día de hoy, tienen que pagar y que así ha sido, además, resaltado por la Sala Constitucional y la Sala Primera", concluyó Jonathan Acuña.
Contexto
La Unión Europea puso a Costa Rica en la lista de países no cooperantes desde inicios de este año por un vacío en la legislación tica que permite a empresas extranjeras radicadas en Costa Rica no pagar impuestos sobre los rendimientos que tengan sus inversiones en el extranjero.
Esto, desde la óptica de ese grupo de países, significa una potencial “doble no imposición”, es decir, empresas que no pagan impuestos en su país de origen ni tampoco en Costa Rica.
Así, la solicitud al Gobierno es que gravara todas esas rentas, o bien, gravara solo a las empresas sin sustancia económica o “empresas de papel”. Este último fue el camino tomado por una mayoría del Congreso.
El problema fue que, con esa salida, los diputados también abrieron un portillo para que empresas ticas que invierten en el extranjero dejaran de pagar un impuesto al que hoy están obligadas.
La tesis de esa mayoría de diputados es que, aunque existan resoluciones de la Sala Constitucional y la Sala Primera en ese sentido, es el Congreso el encargado de formular y aprobar leyes, por lo que la territorialidad del impuesto de la renta debería apegarse solo a Costa Rica.
El problema con ese pulso es que la Unión Europea dejó claro que el proyecto debía presentarse este viernes 15 de setiembre, a más tardar, para iniciar con su análisis de cara a su revisión final, cuando el grupo económico decidirá si mantiene o saca al país de la lista.
El veto parcial de esta ley devolverá el proyecto hasta el Plenario para su reforma o resello; pero, en cualquier escenario, dejaría sin tiempo al país para entrar en esa revisión.
