En medio de nuevos cuestionamientos, diputados aprueban reforma al empleo público
El proyecto volvió a ser votado en primer debate y se irá, de nuevo, a consulta de la Sala Constitucional.
En medio de nuevos y fuertes cuestionamientos sobre su constitucionalidad, los diputados aprobaron esta tarde en primer debate la reforma al empleo público.
La nueva votación, que se aprobó con el respaldo de 36 legisladores y el rechazo de otros 8, da pie a una nueva consulta de constitucionalidad que la Corte Plena ya anunció que presentará.
La principal crítica fue la solución que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad dio a los vicios ya señalados por la Sala IV en la consulta previa, que precisamente advirtieron cómo la rectoría de Mideplan propuesta resulta ilegal.
Así, los legisladores excluyeron casi de manera total a todos los poderes de la República y los entes públicos con autonomía a la rectoría del ministerio, esa decisión también deja fuera de esa rectoría a las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y las municipalidades.
Sin embargo, diputados como Pedro Muñoz insistieron en que la aplicación “pareja” de esa solución para todos los poderes no era posible porque los diputados, por ejemplo, nunca consultaron sobre la aplicación del proyecto en la Asamblea Legislativa.
En esa misma línea los detractores de la propuesta insistieron en que la solución aportada no resuelve los conflictos de independencia de poderes que ya la Sala Constitucional advirtió y que eso significa que, de nuevo, el proyecto se rechazaría.
En esa misma línea los magistrados de la Corte Plena aprobaron el pasado 30 de noviembre presentar una nueva consulta facultativa por las “posibles afectaciones” que el proyecto traería en las competencias constitucionales del Poder Judicial.
“El objetivo es que se analice la incidencia y afectación de los principios de separación de poderes, independencia judicial y autonomía organizacional administrativa, respecto a las normas que se proponen sobre el Poder Judicial y se funda en el artículo 6 y otros, que establece la rectoría general de Mideplan sobre un porcentaje significativo de la población judicial y otros artículos relacionados”, dijo la Sala.
La tesis del órgano es que la rectoría de Mideplan siempre afectaría a una población significativa de ese poder de la república por su injerencia en la Dirección General de Servicio Civil y las oficinas de gestión humana, que incluye a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y otros órganos judiciales.
“Se considera que obvia las funciones y competencias de gobierno, que ejercen órganos judiciales constitucionales como el Consejo Superior y la Corte Plena, en temas de reclutamiento y selección del personal, capacitación y evaluación de desempeño, la definición de las categorías de puestos y su remuneración”, cita la resolución.
La reforma al empleo público, que impulsa esta administración desde 2019, propone entre otras la implementación de un salario único o global para todo el sector público cobijado por el proyecto, así como nuevas reglas en la negociación de incentivos y remuneraciones.