Elevan a Fiscalía denuncia contra diputada oficialista por impulsar ley que beneficiaba su negocio

El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, elevó a la Fiscalía y la Procuraduría una denuncia contra la diputada oficialista, Cindy Murillo, por el presunto delito de legislación en beneficio propio.

El caso responde al respaldo y votación, en dos debates, que Murillo le dio al expediente 22.981, conocido como Espejo de Agua Arenal, pese a que esa ley beneficia a un negocio de su familia y del que ella también es parte.

El hecho fue dado a conocer la semana anterior por el medio regional La Voz de Guanacaste.

“Lamentablemente, ante un incumplimiento tan grave como este, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito no nos queda otra opción que presentar la denuncia.

“Por eso es una obligación nuestra presentar la denuncia, porque tenemos que evidenciar para quién realmente estamos trabajando y representando”, dijo Araya.

La ley, que impulsó el Gobierno de Rodrigo Chaves, regularizó la situación de más de 700 familias que iniciaron negocios en los márgenes del lago Arenal, eliminando la protección de 50 metros que existía.

Sin embargo, una de esas propiedades es de la familia de Murillo, que tiene un negocio turístico a orillas del lago.

Aun así, ella no advirtió ese conflicto de interés en el Plenario y procedió a votar el proyecto.

Incluso, en sus redes sociales aseguró haber solicitado a la presidenta Laura Fernández la convocatoria del expediente.

“Agradezco a la presidenta Laura Fernández por escuchar nuestra solicitud y convocar este proyecto desde los primeros meses de su gestión, permitiendo que hoy llegue a su segundo debate.

“Como diputada tilaranense, tuve el honor de defender este proyecto y pedir la votación a favor, porque más que un proyecto de ley, representa saldar una deuda histórica con Tilarán y con aquellos dos pueblos que quedaron bajo las aguas del Lago Arenal para darle energía, desarrollo y progreso a Costa Rica”, escribió en su perfil de Facebook.

Araya recordó que el problema radica precisamente en no haber advertido ese conflicto de intereses. 

“Votamos para la gente o votamos para nuestros intereses personales. Todo está bien si yo lo anuncio, si yo lo digo: 'miren, esta ley me va a beneficiar directamente a mí o a mis familiares'; porque ojo, no es solo a la persona, es a los familiares y a sociedades de familiares.

“Y todo bien, se anuncia, se separa, se abstiene y listo, se cumple con el deber de probidad. Pero en este caso, la señora diputada no solo lo hizo, defendió el proyecto, sino que además lo sigue defendiendo, sigue diciendo que si lo tendría que volver a hacer, lo vuelve a hacer, lo cual es básicamente confesar un delito”, aseveró Araya.

Desde la fracción de Pueblo Soberano se informó que, por el momento, la diputada no brindaría declaraciones al respecto.