Dos integrantes de Sala III valoran aspirar a Presidencia de Corte, pero "podrían haber más"
Uno de los miembros de ese alto tribunal expuso la posibilidad de que al cargo que dejará Orlando Aguirre a partir del próximo 26 de setiembre lo disputen hasta tres compañeros suyos.
La Sala de Casación Penal tendrá sus propias particularidades de cara a la elección del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Esto en el tanto que, por lo menos, dos de los cuatro integrantes propietarios (hay un puesto vacante) valoran postularse para suceder a Orlando Aguirre Gómez en el cargo, a partir del próximo 26 de setiembre.
Se trata de las magistradas Patricia Solano Castro (presidenta del alto tribunal) y Patricia Vargas González.
No obstante, el sondeo de Teletica.com que permitió revelar que esas dos juezas, al igual que Luis Fernando Salazar Alvarado de la Sala Constitucional y Damaris Vargas Vásquez de la Sala Segunda, tienen algún interés en el puesto, también destapó una situación adicional.
"Podría haber más de dos", dejó entrever un tercer integrante de la Sala Tercera, el magistrado Rafael Segura Bonilla, cuando se le consultó si creía que la presencia de más de un eventual candidato podía impactar el funcionamiento de de ese órgano.
Pero en la misma entrevista, ese alto juez descartó de plano tener alguna aspiración para pelear por la Presidencia.
Así las cosas, el único magistrado titular que queda en la Sala de Casación Penal es Gerardo Rubén Alfaro Vargas. Este medio intentó consultarle al juez si tiene intenciones, pero este declinó atender a este medio.
"Lo que le puedo decir es que creo que más bien para presidente de la Corte es muy importante que, siendo tan mediático lo constitucional y lo penal, sea una persona que maneje esa materia en forma perfecta", añadió Segura Bonilla al complementar su respuesta.
El alto juez cree que la prioridad del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia deben ser los temas jurisdiccionales, para bajar la mora y mejorar el servicio a la ciudadanía, sin que se dejen de lado las competencias de gobierno judicial.
La Sala Tercera reviste de especial importancia, pues es la última instancia en materia penal y, además, es la encargada del juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes.
Pese a lo anterior, Segura Bonilla no considera que potenciales candidaturas vayan a alterar el funcionamiento del Alto Tribunal.
