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Los diputados aprobaron hoy en primer debate el proyecto 21.318 Ley de Movilidad Peatonal, que entre otros traslada a las municipalidades y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la construcción y mantenimiento de aceras.

Ese cambio es el primer paso para establecer las bases del marco legal para regular la infraestructura peatonal, de manera que empiece a ocupar el primer lugar en la pirámide de la movilidad urbana.

La iniciativa de la legisladora liberacionista Paola Valladares propone entonces que ya no sean los dueños de propiedades quienes se encarguen de estas obras, sino que los gobiernos locales lo harán (en rutas cantonales) mediante el cobro de sus impuestos municipales.

Para estos fines, las municipalidades podrán cobrar hasta un 10% más de lo requerido con el fin de potenciar y aumentar el desarrollo de infraestructura peatonal. Ese monto se distribuirá entre los contribuyentes.

“Este es un proyecto que nace a partir de la necesidad evidenciada con la experiencia de 12 años a cargo de un departamento de gestión vial (…) Entiendo de primera mano que la búsqueda por cumplir con la accesibilidad se vuelve complicada en las municipalidades cuando no hay recursos”, dijo la verdiblanca.

 En el caso de las vías nacionales el MOPT y sus Consejos estarán a cargo de la construcción y mantenimiento de esta infraestructura, lo mismo con el señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación de este espacio considerando los criterios de accesibilidad contemplados por la Ley 7600.

Esto significa, además, que cada obra de infraestructura pública o privada deberá también garantizar la movilidad peatonal segura e inclusiva; para esto los desarrolladores de proyectos deberán entregar sus diseños finales con todas estas obras contempladas o de lo contrario no recibirán los permisos correspondientes.

La reforma también indica que las personas cuyas propiedades coincidan con aceras deberán adecuarse a estas estructuras y modificar sus ingresos si estos interfieren con ese espacio público.

Si la persona no tiene dinero para hacerlo la obra correrá a cargo de la municipalidad y el costo total se trasladará al usuario mediante los impuestos municipales.

A las personas que no cumplan con lo dispuesto en la ley se les podrá castigar con sanciones de hasta medio salario base.

Las municipalidades tendrán 18 meses a partir de la publicación de la ley para preparar sus reglamentos correspondientes y entre 18 y 24 meses para elaborar, introducir y aprobar los planes cantonales de movilidad sostenible en sus cantones. 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tendrá 18 meses para elaborar un plan nacional de movilidad peatonal.

Después de su publicación las municipalidades también tendrán dos meses para darle a conocer a la ciudadanía los cambios y alcances de la ley, luego de esto podrá sancionar cualquier incumplimiento.