Por Juan José Herrera |4 de agosto de 2021, 15:43 PM

La lectura que hace la ministra de Planificación, Pilar Garrido, de la objeción de conciencia incluida dentro de la reforma al empleo público es equivocada.

Diputados de diferentes fracciones aclararon a la jerarca que el espíritu de la propuesta, contenido en el inciso g del artículo 23 del proyecto, es precisamente darle la oportunidad a los trabajadores públicos de no recibir capacitaciones cuando estas pueden interferir con sus convicciones religiosas, éticas o morales.

Este miércoles en el programa 7 Días Radio, Garrido aseguró que la interpretación que ella hace de la norma no implica de ninguna forma la posibilidad de que un funcionario no reciba una capacitación, sino nada más dejar claro que tiene un conflicto moral o ético con esta mediante una declaración jurada.

“Si fuera como ella dice no habría necesidad de incluir ese inciso y estar en esta discusión, es totalmente lo contrario. 

El objetivo del diputado (Jonathan) Prendas y sus diputados es que el funcionario pueda tener su derecho a la objeción cuando considere que se atenta contra sus principios, pero eso no se puede hacer de oficio, por eso precisamente es que se pide una declaración jurada. Es una interpretación equivocada”, dijo el liberacionista Luis Fernando Chacón, miembro de comisión que discutió y dictaminó el proyecto.

Prendas, que condicionó los votos de su bloque a la inclusión de esta potestad, también aclaró que la declaración jurada es solo un “sustento” al alegato que haga el trabajador, pero que ese jamás podría ser el sentido.

“El presentar la declaración jurada para hacer valer la objeción de conciencia es para aplicar el fondo de la objeción que es no participar de la capacitación, no solo presentar un papel adicional sin un fondo ni un sustento.

“Es en ese sentido en que se planteó la moción y en el que se siempre se ha expuesto, no solo en actas sino en lo que se ha resuelto, por lo menos por lo que se tiene en la mesa, en la Sala Constitucional”, aseveró.

Precisamente los magistrados de la Sala Constitucional respaldaron esa propuesta al afirmar que no contraviene con ningún derecho constitucional, tal y como esperaba José María Villalta y la fracción del PAC, que incluyeron ese alegato dentro de una consulta.

“Es lamentable que la Sala lo haya declarado constitucional. Siempre he estado en contra de tener ese inciso en el proyecto, y mis acciones durante el trámite legislativo así lo demuestran. 

“Me parece que la ministra tiene una interpretación distinta a la de organizaciones y diputaciones que defendemos los DDHH. Para mí ese inciso es una cláusula para discriminar y, como lo dije en días pasados, buscaré eliminar. Si ese inciso se mantiene, mi voto al proyecto será negativo”, amenazó la oficialista Carolina Hidalgo.

Los diputados siguen a la espera de que la Sala traslade a Cuesta de Moras el voto completo de la resolución, una vez suceda esto la Presidencia del Congreso deberá decidir si lo envía a la comisión de constitucionalidad y con qué plazo.