Diputados recomiendan destitución de ministro Méndez Mata por caso “Cochinilla”
Informe final incluye también la solicitud de inhabilitar de todo cargo público al exgerente de Conavi, Carlos Solís, y el exdirector de ese Consejo, Mario Rodríguez.
La comisión especial legislativa que investigó el caso “Cochinilla” recomendó al presidente de la República, Carlos Alvarado, destituir de manera inmediata al ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
La decisión se incluye en el informe final que aprobaron esta mañana seis de los siete integrantes del órgano, que durante nueve meses llevó adelante la investigación legislativa por el escándalo de corrupción en obra pública vial.
“Dado que los hechos denunciados en este Informe permiten establecer que la red de corrupción creada por las empresas privadas en el Conavi, pudo actuar por la inacción, omisión, complacencia y negligencia del jerarca, en asuntos como las relaciones de hechos que fueron engavetadas, permitiendo que no se establecieran responsabilidades de los funcionarios”, dice el informe en la justificación de esa recomendación.
En el informe, de 131 páginas, se recomienda además a la Contraloría General de la República inhabilitar de todo cargo público a Méndez Mata y al exgerente de Conavi, Carlos Solís, así como al exdirector de ese Consejo, Mario Rodríguez.
También, instruye al ente contralor para que analice si estos tres funcionarios y todos los demás incluidos en la investigación judicial incurrieron en faltas administrativas o de tipo penal.
De igual forma, se solicita al Ministerio Público determinar si la prueba presentada en esta investigación podría suponer el imputar penalmente a los funcionarios de Conavi y MOPT señalados.
En contra
El informe fue aprobado por seis diputados y rechazado solo por el oficialista Enrique Sánchez, precisamente en contra de la sanción que se pide para el ministro de Transportes.
“Cuando se reitera en un informe que no es posible identificar participación del ministro en la red de corrupción es por lo que yo no puedo compartir la conclusión a la que llega la mayoría de señalar una responsabilidad moral sobre un jerarca, no porque no crea que siempre se puede hacer más en el combate de la corrupción, no porque no crea que el consejo de administración está de adorno y que hay que quitarlo, sino porque la misma investigación, el mismo desarrollo del documento señala esa no responsabilidad del jerarca en la red que hoy se señala”, dijo Sánchez.
Esa valoración fue refutada por el presidente del órgano, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien afirmó que no solicitar una sanción política sería no haber aprovechado el tiempo.
“Si después de este trabajo no podemos hacer una sanción política no habríamos aprovechado el tiempo… Por supuesto que estamos autorizados a hacer una sanción política, hay evidencia suficiente para esa recomendación de acuerdo con lo que hemos visto desfilar por acá nos parece apropiado”, respondió Abarca.
Más propuestas
El informe final incluye también una extensa recomendación al plenario legislativo para que impulse una serie de proyectos y reformas que permitan combatir, de manera más eficaz, los portillos que permitieron el escándalo “Cochinilla”.
Entre muchos otros, se pide darle herramientas a la Contraloría para contrastar las declaraciones de bienes que hacen los jerarcas, eliminar el Consejo de Administración de Conavi “por ser una estructura inoperante” y fortalecer la auditoría interna del MOPT para eliminar las debilidades en los controles internos que expuso el caso.
También se propone hacer vinculantes los informes de Lanamme y solventar la necesidad de desarrollar una capacidad propia en el MOPT de verificar las obras antes de recibirlas, así como reformar al CFIA para que ejerza funciones fiscalizadoras y sancionatorias.
Finalmente se pide una sanción política para todos los integrantes del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que consistirá en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (cuatro años) y la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante dos períodos constitucionales (ocho años).
El proyecto pasará ahora a manos del Plenario para intentar votarlo antes de que acabe este periodo constitucional el próximo 30 de abril.