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Con el voto en contra de ocho diputados, la Comisión Especial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dictaminó negativamente el expediente 21.132, que pretendía gravar los productos ultraprocesados para así desincentivar su consumo.

La iniciativa del frenteamplista José María Villalta se fundamentaba en la necesidad de combatir los crecientes índices de obesidad y sobrepeso en el país, algo que según el legislador se podría lograr a través del encarecimiento de productos como gaseosas, helados, chocolates, galletas, papas fritas, jugos y néctares de fruta.

La propuesta establecía un impuesto de ₡1.5 por cada 5 gramos de producto. En el caso de las gaseosas, el impuesto rondaría los ₡26 por unidad de 250 ml.

Los recursos de este impuesto irían en su mayoría a fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, como ente que precisamente atiende los efectos del sobrepeso y la obesidad en la población.

El proyecto, sin embargo, chocó contra la oposición de los legisladores a crear nuevos impuestos, no solo por la coyuntura actual, sino porque además aseguraron que eso no garantizaba que la población fuera a cambiar sus hábitos de consumo.

La tesis de los legisladores es que, además, la medida impactaría especialmente a poblaciones más vulnerables con hábitos menos saludables.

La oficialista Laura Guido hizo la salvedad de que, en el caso de productos como los cigarros, sí se ha probado exitoso el aumento de precio como una medida para mitigar su consumo, pero aún así decidió votar en contra de la iniciativa.