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Los diputados acordaron este miércoles, por mayoría, respaldar el informe negativo de la comisión especial que investigó las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que recomendó entre muchas otras utilizar parte del impuesto al valor agregado para financiar las pensiones complementarias.

La propuesta, presentado por las liberacionistas Yorleny León y Paola Valladares, y los oficialistas Catalina Montero y Víctor Morales Mora, pretende tomar 3 puntos porcentuales del IVA (13%) para ponerlo en una cuenta individual a nombre del ciudadano, “de forma tal que durante toda su vida vaya ahorrando cada vez que realice una compra (consumo) y facture, por lo que al llegar a la edad de 65 años haya construido una pensión complementaria”.

El informe también incluye propuestas como reducir las cargas sociales de otras instituciones (FODESAF, INA, IMAS, Banco Popular y Desarrollo Comunal) y sustituir dicho financiamiento por impuestos.

Además, fortalecer los mecanismos para luchar contra la evasión y elusión y fortalecer la gestión cobratoria mediante reformas a la ley de la CCSS, así como eliminar el tope de cobertura de la póliza del Seguro Obligatorio de Automóviles.

Los firmantes de este informe negativo fueron los mismos que defendieron no ampliarle el plazo a la comisión, argumentando que no se logró cumplir el cometido de identificar verdaderas iniciativas para buscar esa sostenibilidad.

“Lastimosamente en las 25 sesiones que realizamos se fue incapaz de superar este pecado original que llevó finalmente a una dispersión de la idea original y que fue una motivación para que esta diputada decidiera formar parte de la misma.

“Hubo una falta de un horizonte claro para dirigir el esfuerzo y eso llevó a que se perdiera el interés de algunos diputados miembros por seguir adelante”, dijo León.

En la otra acera, Wálter Muñoz y Patricia Villegas (PIN) y los independientes Shirley Díaz e Ignacio Alpízar firmaron el informe positivo, que entre otras proponía trasladar parte de los recursos que generan los peajes para fortalecer los regímenes de pensiones y eliminar la gerencia general de la CCSS.

Ese informe, de casi 100 páginas, incluía también utilizar un 25% de la deuda política de cuatro elecciones en el fortalecimiento del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte así como el de Enfermedad y Maternidad.

Sin embargo, el Plenario decidió rechazarlo por una ajustada mayoría (20-19).