Diputados proponen trasladar recursos de peajes a regímenes de pensiones
La comisión de la CCSS recomendó, además, eliminar la Gerencia General de la institución e incluir a los usuarios dentro de la junta directiva.
Trasladar parte de los recursos que generan los peajes para fortalecer los regímenes de pensiones y eliminar la gerencia general son parte de las recomendaciones que se incluyen en el informe final de la comisión que analizó la situación financiera de la CCSS.
La larga lista de propuestas incluye también utilizar un 25% de la deuda política de cuatro elecciones en el fortalecimiento del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte así como el de Enfermedad y Maternidad.
Además de modificar la composición de la junta directiva de la institución para incluir a los asegurados y eliminar la gerencia de Logística, principal blanco de señalamientos tras las millonarias compras irregulares en medio de la pandemia que hoy son investigadas judicialmente.
El informe fue presentado este miércoles luego de que el Plenario rechazara ampliarle el plazo a la comisión por considerar que no había cumplido su objetivo principal y que más bien se desvió hacia la investigación de esas compras irregulares y otras discusiones como el funcionamiento del EDUS.
Sin embargo, ese rechazo también se trasladó al seno del órgano, pues hoy cuatro de los ocho diputados presentes votaron en contra del informe.
A favor se pronunciaron Wálter Muñoz y Patricia Villegas (PIN), Shirley Díaz (PUSC) y el independiente Ignacio Alpízar; mientras que en contra votaron Víctor Morales Mora y Catalina Montero (PAC), así como Paola Valladares y Yorleny León (PLN).
La tesis de los detractores al informe es que la comisión no se creó para sancionar o perseguir a funcionarios y que tampoco cumplió con su objetivo último de generar propuestas para el fortalecimiento de la institución.
“No estoy satisfecho con el contenido de este informe, la propuesta inicial era el tema del fortalecimiento financiero de la institución y ahora estamos concluyendo en propuestas para separar o abrir procedimientos contra algunos funcionarios a partir de pruebas desactualizadas. No creo que esa deba ser la conclusión del informe”, dijo Morales Mora.
El texto discutido hoy incluye solicitar a la Contraloría General un informe de actos de corrupción que han incidido en las finanzas de la institución así como un análisis de todas las compras realizadas durante la pandemia junto a un criterio técnico de estas; así como fortalecer la Procuraduría de la Ética Pública para que sus informes sean vinculantes y así obligar a la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios.
El informe será conocido próximamente en el Plenario Legislativo.