Por Paulo Villalobos |21 de noviembre de 2024, 15:30 PM

La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa solicitó al Ministerio Público, la tarde de este jueves, investigar una posible violación a las comunicaciones en perjuicio de la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya.

Esto luego de información que surgió durante una sesión, en la que se tenía prevista una comparecencia de la exjerarca, así como del vicepresidente de la República, Stephan Brunner, en la que ambos se refirieran a una póliza que el Ministerio de Hacienda busca adquirir para proteger a Rodrigo Chaves y su gabinete en casos de responsabilidad civil.

Inicialmente, estaba agendado que ambos fueran interrogados en el mismo espacio, pero antes de que la jornada arrancara, la presidenta del foro, Dinorah Barquero, leyó un correo electrónico enviado la mañana del miércoles por Araya, en el que informaba que no se podría presentar, debido a que tenía un compromiso previo por su participación en un congreso.

Asimismo, refirió que había solicitado una información a la aseguradora estatal, pero que hasta entonces no la había recibido. Esos documentos, aduce la comunicación, le permitirían a Araya hacer una explicación más amplia y precisa a los parlamentarios.

Poco después, la diputada del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Paola Nájera, intervino para explicar a modo aclaratorio que, a partir de información que había recibido, podía confirmar que a la expresidenta ejecutiva se le remitió la información que pidió.

Ello despertó un debate. La legisladora independiente, Kattia Cambronero, reclamó entonces por qué su homóloga había tenido acceso a esos documentos y señaló aquello como una forma de amedrentamiento a Araya. Barquero hizo uso de la palabra después para hacer un reproche similar.

La congresista del partido del gobierno luego defendió que ella nunca tuvo acceso a la información que se le envió, pues eso no le competía.

Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público

También defendió que, en su función de “enlace” con una institución del Poder Ejecutivo, ella se mantenía en comunicación con la actual presidenta ejecutiva del Instituto, Gabriela Chacón, y que esta le había enviado un “pantallazo” de la gestión en la fecha que se hizo la solicitud (16 de noviembre) y la fecha en la que se le enviaron los documentos (20).

El resto de la oposición entonces cuestionó el rol de Nájera y subrayó que no era su competencia involucrarse de esa manera en con otras instituciones; menos si se trataba de una institución autónoma.

De igual manera, se recordó que, si Chacón debía hacer una comunicación, debía hacerla por las vías oficiales de la comisión.

Los parlamentarios del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás y Monserrat Ruiz, recordaron que el artículo 196 del Código Penal sanciona con entre uno y tres años de cárcel la violación de la correspondencia o las comunicaciones. Ese delito se entiende como el apoderarse, acceder, modificar, alterar, modificar, suprimir, intervenir, interceptar, abrir, entregar, vender, remitir o desviar de su destino, documentaciones dirigidas a una persona, sin la autorización de esta última.

Por lo anterior, Nicolás planteó una moción que finalmente se aprobó con los votos de Barquero, Ruiz, Cambronero y Katherine Moreira (PLN).

En contra se manifestaron Nájera, su compañero de bancada Manuel Morales (PPSD) y Younder Salas (Partido Nueva República - PNR).

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