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Los diputados de la comisión especial que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), recomendaron este jueves investigar penalmente a los ministros de Seguridad, Michael Soto, y Planificación, Pilar Garrido, por su papel en el fallido decreto.

A Garrido la acusan del presunto delito de falso testimonio al alegar desconocimiento absoluto del decreto pese a que, afirman, hay suficientes pruebas que así lo demuestran.

A Soto, por su parte, se le señala por el traslado de información sensible al exasesor de Casa Presidencial, Santiago Álvarez, aludiendo que este lo solicitaba en nombre del señor presidente de la República, Carlos Alvarado.

El informe también pide a la Fiscalía investigar a la exministra del IMAS, María Fullmen, por su relación con el traslado de información desde el Sinirube al propio Álvarez; lo mismo que a la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Elizabeth Mora, por el presunto incumplimiento de deberes establecidos por ley, en el ejercicio de su cargo.

El informe, aprobado por seis votos a favor y uno en contra (la oficialista Carolina Hidalgo), recomienda también a la Fiscalía ampliar las investigaciones que ya se siguen contra el presidente Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia y diputado Víctor Morales Mora y el exviceministro de Planificación Luis Daniel Soto por el fallido decreto.

También piden que el expediente legislativo se traslade como prueba documental para la investigación contra el director de Sinirube Eriksson Álvarez, lo mismo para Santiago Álvarez y los también exasesores Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández y Felly Salas.

Extenso

El informe de mayoría, que reúne la extensa investigación legislativa de más de un año por el caso UPAD, recoge también una amplia serie de recomendaciones para otras entidades como la Contraloría y la Procuraduría.

A la primera se le solicita investigar las presuntas irregularidades en todos los funcionarios públicos señalados y evaluar posibles sanciones o destituciones contra estos.

A la Procuraduría evaluar si sus actuaciones constituyen faltas a la ética y probidad.

Al Colegio de Abogados se le pide investigar y de ser el caso sancionar a todos los profesionales de esta rama involucrados en el caso. 

A la Presidencia y el ministerio de la Presidencia se le solicitó eliminar cualquier unidad de análisis de dato creada dentro de esta y rescindir cualquier contrato o convenio que les permita acceder a datos sensibles.

Al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) se le pidió determinar el alcance que tuvo la vulneración de datos sensibles por parte de la unidad presidencial en cualquiera de sus versiones.

Finalmente los diputados reafirmaron que la responsabilidad de la creación de la UPAD recae sobre el presidente de la República, Carlos Alvarado.

Los informes de mayoría y minoría pasarán ahora al Plenario Legislativo para su discusión y aprobación.

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