Diputados piden al Gobierno intervención inmediata del AYA
La moción aprobada solicita que se investigue e intervenga a la institución por las denuncias de anomalías en la administración y cuestionados cobros excesivos en facturación.
Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos acordaron solicitarle al Gobierno la intervención inmediata de Acueductos y Alcantarillados por las denuncias de anomalías administrativas y los cuestionados cobros excesivos en facturación de los últimos meses.
La moción, presentada por Melvin Núñez (Restauración Nacional), pretende que el Ejecutivo “tome cartas en el asunto” en todo lo que sucede en esa institución y además obliga a la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, a comparecer ante ese foro lo antes posible.
"Con la aprobación de esta moción le estamos enviando un mensaje urgente al señor presidente de la República y es la intervención inmediata del AyA. No puede ser que la institución siga con la respuesta que le está dando a los costarricenses, con la crisis que se ha vivido por los exagerados cobros a las familias y sectores productivos.
“No puede ser posible tampoco que la construcción se vea paralizada porque no hay disponibilidad de agua prácticamente en ninguna parte del país y que comunidades sigan sin tener agua porque la institución no les presta atención”, dijo la verdiblanca Yorleny León, presidenta de la comisión.
Los diputados de ese foro también acordaron llamar a comparecer al presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, y otros tres funcionarios de la institución para que se refieran a la investigación que se sigue por la polémica compra de insumos médicos no aptos para la atención de la pandemia del COVID-19 y mediante procesos de contratación anómalos.
Dentro de esos comparecientes estará Hans Vindas, asesor de la gerencia de logística y quien se encuentra separado de la institución por esa investigación.
Esta tarde la comisión también recibió en audiencia a Hazel Cordero Bogantes, representante de la empresa IBG y Rebeca Fernández Cordero, adjudicataria de dos contratos de urgencia de mascarillas, para que se refirieran a la investigación.
Ambas, sin embargo, se acogieron a su derecho constitucional de abstenerse de declarar ante los legisladores.