Diputados piden al Gobierno declarar emergencia nacional por criminalidad y educación
Los legisladores aseguran que esa medida dotaría a las autoridades de recursos adicionales para atender dos problemáticas que el país no está logrando resolver.
El diputado Gilberto Campos (Liberal Progresista) solicitó al Poder Ejecutivo declarar un estado de emergencia ante la creciente ola de criminalidad que golpea al país y que encamina a Costa Rica a hacer de este 2023 el año más violento de su historia.
Al mismo tiempo, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó una propuesta idéntica, pero para el sector Educación, que asegura dejará de suplir la creciente necesidad de profesionales en áreas específicas si no se toman cartas en el asunto.
Campos, miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, aseguró que en el territorio nacional se vive un estado “de necesidad y urgencia” en el tema de la seguridad pública, y que la declaratoria de Emergencia Nacional le permitiría a los jerarcas acceder a recursos inmediatos y extraordinarios para atenderlo.
“Costa Rica vive una situación de conmoción social, generada por la violencia que hoy tenemos en nuestras calles, que se recoge en un indicador clarísimo de un 12,6 en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.
“Vivimos bajo una condición dura, porque nuestros cuerpos policiales están perdiendo una guerra”, dijo el diputado.
Sus palabras llegan horas después de que representantes de la Unión Nacional de Policías dijeran, en ese órgano legislativo, que el cuerpo policial de Costa Rica es “frágil, endeble y plagado de carencias” y que parte central de esa problemática se ve reflejada en los malos salarios que reciben, sus largas jornadas laborales y mala alimentación, así como la falta de un manual de puestos que les permita ascender.
Campos cuestionó que esa “guerra” que enfrenta el país es dispar, con poco más de 2 mil policías por turno diurno y poco más de 700 para el nocturno, en todo el territorio.
El diputado también solicitó a Hacienda que presente los resultados del “barrido” de plazas vacantes en el Gobierno Central, que él mismo solicitó en enero al ministro Nogui Acosta, en presencia del ministro de Seguridad, Jorge Torres.
“Ojalá que el país completo entienda, los tres Poderes de la República, que es necesario unirnos para hacerle frente a esta guerra que está costando vidas inocentes en nuestro país”, finalizó.
Hoja de ruta
En Educación, mientras tanto, el diputado Leslye Bojorges insistió en que si no se atiende la problemática actual será toda la sociedad la que enfrente, en pocos años, las consecuencias.
“La problemática que estamos viviendo es preocupante y requiere de acciones inmediatas. La educación en Costa Rica, si no se toman cartas en el asunto, nos puede dejar como resultado en el corto plazo un recurso humano altamente no calificado, lo cual incidirá directamente en la falta de oportunidades para obtener un empleo formal, además, el grave deterioro de la infraestructura es un problema que debe atenderse con la mayor seriedad y prontitud”, aseveró.
Por esa razón, el PUSC pidió al Ejecutivo, de la mano con esa declaratoria de emergencia, trazar una hoja de ruta técnica que defina acciones concretas y políticas públicas orientadas a resolver problemas puntuales como los bajos índices de lectoescritura, lógica matemática y pensamiento analítico, además del bajo nivel de inglés.
“Desde la Fracción Unidad tenemos una fuerte convicción de trabajar constructivamente, para superar los retos y desafíos que nos presenta la situación actual de la educación costarricense y la infraestructura en que se desarrolla; por eso, estamos solicitando a la nueva Defensora de los Habitantes tomar acciones inmediatas para evitar una catástrofe educativa”, finalizó el también socialcristiano Alejandro Pacheco.