Por Juan José Herrera |28 de octubre de 2021, 19:23 PM

Los diputados aprobaron esta tarde en segundo y definitivo debate el expediente 22.702, que garantiza el financiamiento del censo nacional 2022 y excluye a estos estudios estadísticos de la regla fiscal.

La propuesta de la diputada liberacionista Yorleny León soluciona el problema que por primera vez enfrentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos con respecto a ese límite al gasto, incluido en la reforma fiscal de 2018 y que hacía materialmente imposible la realización de los censos nacionales.

El proyecto, según una amplia mayoría de legisladores, solo excluye de la regla a estudios con una periodicidad mayor a dos años, no así al gasto general del INEC, una posición que fue cuestionada por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien intentó sin éxito retrotraer la iniciativa para hacer más clara su redacción.

Hoy también se aprobó un proyecto para que las personas mayores de 45 años alcancen más y mejores oportunidades de empleo.

La propuesta establece un fondo donde los patronos públicos y privados deberán pagar un 5% sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores para financiar los empleos de esta población.

Los patronos que demuestren que del total de su planilla al menos un 10% corresponde a trabajadores mayores de 45 años pagarán 4%, ese porcentaje se reducirá hasta el 3% si el porcentaje de la planilla con esa condición es de al menos 20%.

También se votó el expediente 21.151, que busca promover la calidad y atención educativa de estudiantes con alta dotación y/o talentos de alto potencial.

Para tal fin se buscará una detección y atención temprana de estos estudiantes por parte del Ministerio de Educación Pública y las entidades públicas en educación superior que tengan relación con el tema para desarrollar esfuerzos sustantivos y conjuntos en la atención de esta materia en el país.

Estos estudiantes, según la legislación, contarán con flexibilizaciones curriculares de acuerdo a sus capacidades y bajo los lineamientos que decida el MEP, los cuales estarán fiscalizados también por el Consejo Superior de Educación.

Dicha flexibilización se le aplicará en el centro de estudio al que asiste la persona estudiante o en centros educativos que por sus condiciones puedan resultar más adecuados, de acuerdo con las capacidades y necesidades de la población estudiantil.

“El Consejo Superior de Educación deberá establecer las normas que permitan flexibilizar los requisitos de ingreso, matrícula, así como la duración de los cursos y asignaturas, niveles, ciclos, procesos de evaluación educativa, y demás elementos del Sistema Educativo que requieran de ajustes para brindar a la población estudiantil identificada mayores oportunidades para potenciar sus capacidades”, cita el proyecto.

Se aprobó además el expediente 21.057, “Ley de derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido”.

La iniciativa busca proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres y de quienes integran las familias gestantes para lograr un embarazo, parto y posparto con atención calificada y de gestión humanizada, asegurando el ejercicio de estos derechos, así como los derechos de las personas recién nacidas con el propósito de contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna y neonatal.

“El Estado debe garantizar el derecho a la salud materna. Deberá proporcionar el acceso, la atención íntegra, oportuna, eficaz, con calidad y calidez en la prestación de los servicios en salud, en especial a las mujeres en estado de embarazo, sin importar su valoración de riesgo (alto o bajo), considerando las necesidades especiales de adolescentes, en edad avanzada, con embarazo múltiple, con VIH o SIDA, mujeres indígenas, migrantes, discapacitadas, privadas de libertad, en situación de pobreza extrema y mujeres afectadas por cualquier forma de discriminación”, cita entre otras.

El Ministerio de Salud reglamentará el régimen disciplinario aplicable, incluyendo el incumplimiento de las instituciones y la responsabilidad de los jerarcas por no prestación del servicio o por la deficiente prestación del mismo.

A partir del próximo lunes la convocatoria de proyectos de ley estará, por última vez en este Gobierno, en manos del Poder Ejecutivo.