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Con el voto afirmativo de siete diputados, la Comisión de Gobierno y Administración acordó este martes excluir a las empresas e instituciones públicas en competencia de la reforma al empleo público.

Esto significa que los trabajadores de estas no estarán sujetos, por ejemplo, al salario único o global.

La moción fue impulsada por el oficialista Víctor Morales Mora (presidente del órgano) y los liberacionistas Luis Fernando Chacón, Jorge Luis Fonseca, Rodolfo Peña (PUSC) y los independientes Dragos Donalescu, Jonathan Prendas y Zoila Rosa Volio.

La modificación elimina el inciso D del artículo 2 del proyecto, que hace referencia precisamente al ámbito de aplicación de la ley y que sí tocará a los poderes de la República y el sector público descentralizado, tanto institucional como territorial.

La moción, además, elimina los artículos 38, 39 y 40 del proyecto, que proponía reducir hasta en un tercio la jornada laboral de los empleados públicos cuando requerían cuidar a un familiar enfermo o con discapacidad. Ese permiso era por máximo un año.

También elimina la posibilidad de extender por dos meses más los permisos de maternidad y un permiso de paternidad sin goce de salario por un mes.

La oficialista Paola Vega abogó en dos mociones por la exclusión también de las universidades públicas de esta reforma, aduciendo un respeto a la autonomía universitaria y la amenaza de sujetar a esta a un órgano político como Mideplan

Ambas propuestas, sin embargo, fueron rechazadas.

Lo que sí se aceptó, dentro de las 14 mociones aprobadas hoy, fue ampliar el plazo para dar por interrumpida la continuidad laboral en el caso de docentes de las universidades públicas luego de seis o más meses.

Hoy se discutieron 53 de las 301 mociones presentadas, sin embargo, todavía están pendientes los aspectos medulares del texto: salario único, rectoría de Mideplan y convenciones colectivas.

La comisión tiene pactada al menos una sesión más para esta semana.