Diputados dudan de investigación legislativa sobre préstamos de Asebanacio
Tras meses de debate los legisladores ahora señalan que al tratarse de fondos privados el tema no debería discutirse en la comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.
Luego de meses de audiencias y debates, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos externaron sus dudas sobre la validez de la investigación legislativa que se sigue por los millonarios créditos otorgados por la asociación solidarista del Banco Nacional a personas ajenas a la institución.
Si bien los legisladores están claros en que el manejo de fondos de empleados públicos por parte de Asebanacio fue irregular e irresponsable, insistieron en que luego de las últimas explicaciones queda claro que la entidad financiera no deberá responder por esos ₡15 mil millones que se estiman incobrables.
“Conforme avanza la investigación queda más que claro que los recursos de los que aquí estamos son privados y que se está desperdiciando dinero de los costarricenses en una investigación sobre fondos que no son públicos”, aseveró Melvin Núñez de Restauración Nacional.
Ricardo Araya, auditor del Banco Nacional y quien compareció hoy ante la comisión, fue claro en que ya existe una resolución de la Procuraduría General que establece que no hay responsabilidad de un patrono público por las pérdidas en que incurra una organización social por el manejo de los fondos de cesantía.
Otto Roberto Vargas le insistió a Araya sobre a quién podría denunciar un funcionario al que no se le pague su cesantía, si al banco o a la asociación, a lo que el auditor insistió en que el banco no tiene ninguna responsabilidad por los manejados que haga la asociación de los recursos de trabajadores que fueron trasladados de manera voluntaria.
El caso se remonta a inicios de 2020, cuando se dio a conocer que la asociación solidarista le prestó a clientes del banco créditos por unos ₡17 mil millones, violentando así el reglamento que limita esos préstamos a asociados.
Entre esos clientes estaban las compañías del empresario Juan Carlos Bolaños, principal sospechoso en el escándalo del cementazo.
Para la próxima semana estaba previsto que comparecería el exgerente general del Banco Nacional, Fernando Naranjo; sin embargo, hoy se aprobó una moción para cancelar esa audiencia y proceder a realizar el informe final.
También se aprobó una moción para llamar a comparecer al presidente de la CCSS, Román Macaya, por los cuestionamientos sobre la compra irregular de 30 millones de guantes por motivo de la pandemia del COVID-19.