Por Juan José Herrera |6 de octubre de 2020, 17:03 PM

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios cuestionaron este martes a la ministra de Educación, Guiselle Cruz, por la creación de 2.000 plazas que se incluye en el presupuesto ordinario del MEP para el 2021.

La propuesta ya había sido adelantada por el ministro de Hacienda Elian Villegas en la presentación del proyecto de presupuesto pero no había sido detallada por las autoridades, hasta 2el día de hoy.

“Tiene que ver con una política social, la mayoría son mujeres… Si el curso lectivo terminaba en diciembre se cesaban y se recontrataban en febrero o marzo, eso acarreaba problemas y conflictos legales que terminaba asumiendo el ministerio”, explicó Cruz.

La explicación de la jerarca es que las cocineras que dan el servicio a los comedores escolares históricamente han sido contratadas por las diferentes juntas de educación, pero los escasos controles administrativos de estas provocan que se les pague menos o se irrumpan sus contratos cuando el curso lectivo termina.

“Juntas no están totalmente capacitadas en algunos casos se les cesan los contratos y tienen que seguir laborando porque el servicio tiene que continuar (…) El traslado de esas 2.000 plazas le ahorraría al MEP ₡1.000 millones por año”, añadió la ministra.

Cruz insistió en que ese traslado transparenta el proceso pues ya no se les pagaría a estos empleados por transferencia sino por el sistema de planilla, además de que los controles administrativos los asumiría el ministerio.

Los diputados, sin embargo, cuestionaron una cifra tan alta de plazas en medio de la crisis financiera actual y la salvedad de que, además, ese número debería elevarse a 4.500 en los años venideros que es la totalidad de empleados de cocina que tienen las juntas de educación a su cargo.

La presidente de la comisión, la verdiblanca Silvia Hernández, aseguró que pese a esa buena intención social que defiende esa contratación masiva no se justifica que los errores administrativos y escasos controles de las juntas de educación tengan que ser pagados por el Gobierno a costa de un crecimiento sustancial de un aparato estatal ya de por sí gigante.

La también verdiblanca Ana Lucía Delgado preguntó también a la ministra si de verdad hicieron la tarea de sopesar el impacto económico en el tiempo de esa decisión, pues significa además la creación de nuevos pluses y privilegios.

Cruz defendió que estas nuevas plazas ayudarían, por el contrario, a eliminar viejas anualidades.