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Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron, esta tarde, de manera afirmativa el expediente 21.513, que propone castigar con hasta 12 años de cárcel a quien se quite el condón, sin permiso de su pareja, durante una relación sexual.

La iniciativa reforma el Código Penal para precisamente tipificar el llamado stealthing como un delito de carácter sexual.

El proyecto, presentado por Paola Vega en 2019, se empezó a discutir apenas la semana anterior en el seno de la comisión y este martes recibió el voto afirmativo de siete de los nueve diputados que integran ese órgano. Solo votaron en contra Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Wálter Muñoz (PIN).

El dictamen se consiguió en una negociación tras bambalinas, con la promesa de Vega de reformar tanto como fuera necesario el texto aprobado vía mociones artículo 137 (fondo), especialmente en el apartado de las penas, que todos los diputados reconocieron como desproporcionadas.

El texto aprobado sanciona con entre 6 y 10 años de cárcel a quien se retire el condón sin consentimiento de su pareja durante una relación sexual.

Esa pena será de entre 8 y 12 años si dicha acción resultara en un embarazo, el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, si la víctima es menor de edad, sufre daño psicológico grave o si se comete por dos o más personas.

Pedro Muñoz (PUSC) aseguró que apoyó el proyecto precisamente por la promesa de reformar esas penas y de, incluso, agregar la posibilidad de aplicar una ejecución condicional en casos específicos.

“El propósito no puede ser ir a atiborrar más los tribunales de justicia, el propósito no puede ser ese, que haya más juicio y más mora judicial, el propósito tiene que ser que este delito actúe como un disuasorio, entonces en la construcción de ese texto no debemos perder eso de vista”, dijo.

Igual que él, otros como José María Villalta o Jorge Fonseca aseguraron que apoyarán la iniciativa en el Plenario siempre y cuando esos cambios lleguen y las penas se vuelvan proporcionales.

Precisamente, la queja de expertos en el tema penal es que el proyecto presenta penas que se equiparan al homicidio leve o que, incluso, superan otros como la violación, además de que trae consigo una especial dificultad probatoria para el sistema de justicia.

Villalta reconoció que esa dificultad es “inherente a todos los delitos sexuales”, pues estos a menudo ocurren en la intimidad y la privacidad.

“Es un problema que nuestro sistema judicial tendrá que solventar utilizando los diferentes mecanismos que se aplican en estos temas”, aseguró.

El proyecto llegará ahora al Plenario y luego de las reformas podría ser votado en primer y segundo debate.