Los diputados aprobaron este miércoles con 46 votos a favor el trámite en segundo debate del proyecto de ley 21.909, que permitirá el traslado del sobreprecio de los combustibles a la atención de personas afectadas por la emergencia del COVID-19.

Se trata de un fondo de ₡27.000 millones que se construirá a partir de la fijación del precio de los combustibles a los valores del 27 de marzo anterior.

De esta forma a partir de ahora el costo del litro del Súper se mantendrá en ₡517,22 mientras que el de Regular en ₡492,18. El diésel quedó excluido de esta fijación.

Recope, sin embargo, seguirá tramitando ante la Aresep las variaciones de precio, que se estiman a la baja por la histórica caída del crudo a nivel mundial producto de la pandemia pero esos cambios no se reflejarán en el precio al público, de manera que la diferencia se traslade a ese fondo.

La proyección de los diputados es que este subsidio asista a unas 75.000 familias mediante la recaudación de esos ₡27.000 millones, poco más de la mitad de los ₡50.000 millones que originalmente se estimaban gracias a una fijación más alta y la inclusión del diésel.

El subsidio ayudará a trabajadores que hayan sido despedidos, suspendidos o sufran una reducción de jornada por motivo de la emergencia; además, llegará a personas que durante este periodo se encuentran en vulnerabilidad por su condición de pobreza o pobreza extrema.

La fijación se realizará por tres meses a partir de la aprobación de la ley, ese periodo podrá ser extendido tres meses más si la pandemia se extiende.