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Con el voto afirmativo de 43 diputados este miércoles se aprobó el reglamento administrativo para sancionar a los legisladores que incurran en hostigamiento o acoso sexual.

El cambio busca hacer efectiva la modificación a la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que incluyó desde 2010 sanciones para diputaciones por este tipo de conductas, pero que por falta de procedimientos no eran aplicadas.

José María Villalta (Frente Amplio) aseguró que hoy se salda una “deuda histórica” del Congreso por equiparar a los diputados con el resto de los ciudadanos, que sí son sujetos de castigos cuando incurren en estos hechos.

Villalta recordó que en 2015 el diputado de su partido, Ronald Vargas, se vio envuelto en un escándalo por acoso sexual que acabó con su renuncia a la curul, pero fue claro en que esa decisión fue del legislador, pues por reglamento el Congreso no podía hacer nada pues hay un fuero de inmunidad que los protege.

El proyecto aprobado hoy establece que si, luego del debido proceso, un diputado a diputada es encontrado culpable de acoso u hostigamiento, recibirá una amonestación ética pública, protegiendo siempre la identidad y derechos del denunciante.

“Muchos dirán que es poco, pero es lo que legalmente se nos permite porque pensar en una pérdida de credenciales implica una reforma constitucional”, dijo Villalta.

Nielsen Pérez (PAC), impulsora del proyecto, aseguró que la iniciativa da un paso histórico “en favor de la cultura de denuncia” y en reafirmar que ninguna persona está por encima de la ley.

“Carecer de un reglamento que establezca lineamientos claros, va en perjuicio de las víctimas de violencia sexual por parte de una o un legislador, pues facilita la impunidad.

“Era rotundamente inaceptable continuar con este vacío legal sin resolver, siendo la Asamblea Legislativa la primera llamada a hacer cumplir las leyes y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia sexual”, dijo Pérez.