Diputados aprueban reforma para declarar minería ilegal como crimen organizado
La iniciativa castiga con hasta seis años de cárcel a quien desarrolle o financie cualquier actividad relacionada con minería ilegal. Esa pena se elevará hasta ocho años si la actividad se realiza en una zona protegida.
La Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo y definitivo debate, el proyecto de ley que eleva a rango de crimen organizado la minería ilegal en Costa Rica.
Se trata del expediente 23.952, impulsado por el exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles y que reforma una serie de leyes para permitirle a las autoridades perseguir diferentes delitos ambientales con herramientas jurídicas especializadas cuando esas actividades sean cometidas por redes de criminalidad organizada.
Por ejemplo, la propuesta reforma el Código de Minería para imponer penas de cárcel de entre 2 y 8 años “a quien desarrolle actividades mineras de reconocimiento, exploración, extracción o explotación en cualquier área que corresponda a patrimonio natural del Estado, ya sea un parque nacional, una reserva biológica u otra área silvestre protegida”.
Esa misma pena aplicará a quien comercialice, dentro o fuera del país, los minerales extraídos ilegalmente.
También se castigará con entre 2 y 6 años de prisión “a quien promueva, financie, administre, organice, facilite, dirija u obtenga beneficio para sí o para un tercero de actividades mineras ilegales de reconocimiento, exploración, explotación, extracción, procesamiento, transporte, comercialización o beneficio de recursos minerales, sin contar con el debido permiso o concesión”.
De esa pena estarán exentos quienes realicen extracción artesanal de arena.
El proyecto ya aprobado también castiga con cárcel el comercio y trasiego de vida silvestre, incluida la exportación e importación de esta.
Además, se disponen agravantes cuando los delitos sean cometidos por dos o más personas.
El texto pasará ahora a manos del Poder Ejecutivo en busca de la firma de la presidenta Laura Fernández.
