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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron este martes el cuarto texto sustitutivo al discutido proyecto para la creación del Fondo Nacional de Avales, elevando así cinco las versiones que se han analizado desde que el Gobierno presentó la idea hace ya casi 10 meses.

El nuevo texto fue avalado y dictaminado con el voto afirmativo unánime de los 11 diputados presentes.

El principal cambio en el proyecto, que defiende la creación de un fondo de $300 millones para respaldar los créditos a productores afectados por la pandemia del COVID-19, fue precisamente restringir la distribución de los recursos según el tamaño de cada empresa.

Así, del monto total del fondo, un 20% respaldará a personas físicas y jurídicas que empleen a más de 100 personas trabajadoras; un 40% para las que tengan 30 o menos empleados y el porcentaje restante para las que tengan entre 31 y 100 trabajadores.

La socialcristiana María Inés Solís cuestionó con dureza esa medida, asegurando que la comisión comete un “error enorme” al fijar esos requisitos de tamaño para el otorgamiento de avales, cuando lo que busca el proyecto es precisamente proteger los empleos.

“Quiero dejar claro que estoy votando este nuevo texto estando totalmente en contra de esos criterios que para mí son una ocurrencia y que carecen de un estudio técnico que los respalde”, afirmó.

La liberacionista Yorleny León insistió en que esa decisión no es una ocurrencia, sino más bien una forma de evitar que las grandes empresas, que tienen más facilidades de crédito, consuman la totalidad de los fondos.

“Si no se les pone un límite para que las empresas tengan un porcentaje según su tamaño es altamente probable que un par de empresas grandes consuman la totalidad de los recursos dejando sin dinero a las pequeñas.

“Si bien las Pymes no producen 100 o 200 empleos en su colectivo sí lo hacen, son el 92% del parque empresarial de este país”, aseveró.

Más cambios

El nuevo texto, que recoge 13 de los 14 cambios que diferentes sectores habían propuesto, reduce también la vigencia del Fondo de Avales 15 a 10 años.

Establece un periodo de año y medio para su solicitud luego de la entrada en vigencia de la ley, periodo prorrogable una única vez por medio año.

El fideicomiso del fondo, que estará alimentado por un crédito de $300 millones con el BCIE, recibirá lineamientos de un consejo rector que va a estar compuesto por tres miembros nombrados por el Consejo de Gobierno y que incluirá, entre otros, al ministro de Hacienda.

Ellos serán los encargados de definir los montos máximos de avales por cartera y ninguno de los tres recibirá dietas por esas labores.

Las operaciones de crédito serán avaladas con un límite máximo del 75% del saldo de cada crédito y solo sobre el principal de esa deuda, es decir, no incluirá los intereses.

Además, se incluyó un transitorio que exige el establecimiento de un reglamento para el fondo en no más de 30 días.

“Este texto lo que busca es, de manera definitiva, avanzar con un proyecto de reactivación económica necesaria y urgente para brindar un flujo de capital a todas aquellas personas físicas y jurídicas que tienen una afectación en sectores productivos afectados por la pandemia”, dijo la presidenta de la comisión, Ana Lucía Delgado.

La comisión sigue a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República sobre la iniciativa.