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Con el voto afirmativo de 41 diputados este jueves se aprobó en primer debate el expediente 21.112, que busca prevenir la revictimización de los estudiantes en el sistema educativo costarricense.

La propuesta, impulsada por la diputa del PIN, Patricia Villegas, propone que los estudiantes que sufran de cualquier tipo de violencia por parte de un funcionario de la institución rindan declaración una sola vez en lugar de tener que hacerlo en cada una de las diferentes etapas del proceso.

En la actualidad, los menores deben explicar primero al docente o director la situación que sufrió, luego replicar de nuevo ante el abogado del Ministerio de Educación y cuando el proceso sale del MEP empezar de cero nuevamente y con criterios diferentes.

Además, la iniciativa busca acelerar el procedimiento sancionatorio de funcionarios a los que se demuestre abusaron de cualquier forma de un estudiante, para evitar así que las víctimas y sus victimarios tengan que convivir luego de las denuncias.

Kathya Rodríguez, directora de Niñez y Adolescencia en la Defensoría de los Habitantes, había dicho a los diputados de la comisión dictaminadora que en la actualidad un caso de abuso o agresión sexual cometido por un guarda de seguridad contra un estudiante, por ejemplo, dura hasta 163 días para discutir una intención de despido.

“En muchos casos son funcionarios que tienen expedientes abiertos por abusos y no necesariamente una medida cautelar, por lo que por ejemplo este guarda puede permanecer en un portón durante todo este tiempo y el niño tendrá que verlo todos los días”, había dicho.

Según Rodríguez, en el caso de los docentes esos periodos tardan, en el mejor de los casos, hasta 283 días.

El proyecto busca reducir drásticamente estos tiempos y además garantizar medidas cautelares para tranquilidad de las víctimas.

Además, establece que aquellos funcionarios despedidos por estas razones quedarán impedidos de participar en contrataciones del Registro Civil por 10 años.